La ONG Transparencia Venezuela, en el exilio, reportó que la cifra de 700 millones de dólares en bienes decomisados recientemente por Estados Unidos al gobernante Nicolás Maduro “es apenas el sencillo” de un saqueo mucho mayor.
De acuerdo con su más reciente informe, hasta mayo de 2024 se han identificado 745 activos obtenidos con fondos de origen ilícito vinculados a tramas de corrupción en Venezuela, distribuidos en 20 países, con un valor estimado de tres mil 571 millones de dólares y otros 218,8 millones de euros.
En total, el monto de los bienes incautados alcanza los tres mil 826 millones, según datos recabados a partir de causas judiciales, reportes de organismos de control y publicaciones de prensa. La organización advirtió que se trata de cifras conservadoras, pues solo incluyen casos que han llegado a instancias judiciales y dejan fuera fortunas no rastreadas o aún bajo investigación.
Países donde se incautaron los bienes
Estados Unidos lidera la lista con 335 bienes bajo medidas judiciales, seguido por España (235), Argentina (58), Suiza (34), Panamá (18) y Colombia (11). La mayoría de los activos confiscados son fondos bancarios (94,8% del total en dólares), seguidos por inmuebles (4,19%) y vehículos de lujo (0,24%).
El informe recordó grandes escándalos como la trama Pdvsa Cripto, reconocida por las autoridades venezolanas en 2023, que implicó pérdidas por 16 mil 960 millones de dólares, o el caso Money Flight (2014-2015) con un fraude a Pdvsa por mil 200 millones de dólares.
También citó ejemplos emblemáticos como el del ex tesorero Alejandro Andrade, quien entregó bienes, caballos y relojes de lujo valorados en más de 42 millones de dólares tras declararse culpable en Estados Unidos, o el del empresario Raúl Gorrín, a quien se le confiscaron 24 propiedades en Miami y Nueva York.
Transparencia Venezuela subraya que estos bienes “robaron el bienestar de todos los venezolanos” y plantea la creación de un fondo independiente internacional que administre los activos recuperados con criterios transparentes, para destinarlos a atender la emergencia humanitaria en el país. Para ello, la ONG pide la cooperación de gobiernos y organismos internacionales, así como un modelo de gestión que garantice el uso adecuado de los recursos.
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