Después de una década de silencio informativo, Venezuela dio un paso significativo: la publicación del boletín epidemiológico. Para Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, profesor universitario e investigador en trabajo y salud, este hito marca un antes y un después, aunque advierte que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos.
"Parte de las exigencias que nosotros hacemos es pasar de la oscuridad a la transparencia", señaló García al referirse a la publicación del tercer boletín correspondiente a la semana del 23 al 28 de marzo. El documento, sin embargo, tiene apenas 15 páginas, frente a los más de 40 que tenían las ediciones anteriores, y carece del desglose por estados y enfermedades que los especialistas necesitan para tomar decisiones informadas.
El gremio de enfermeros no solo celebra lo alcanzado, sino que exige más. Para García, la salud pública requiere datos desagregados por municipio, por hospital y por estrato social, con información detallada sobre las principales causas de morbimortalidad, enfermedades cardiovasculares, oncológicas y, especialmente, el tema materno-infantil, una prioridad crítica para el estado Carabobo.
Lo que Venezuela necesita publicar
La opacidad no afecta únicamente al sector sanitario. García hace un llamado más amplio a la transparencia institucional: "El país debe perder la oscuridad", afirmó, recordando que también están pendientes los datos sobre empleo, subempleo, inflación, accidentabilidad laboral, enfermedades ocupacionales y, no menos importante, los resultados electorales del 28 de julio de 2024.
En materia de salud, el investigador destaca que los indicadores de la Organización Mundial de la Salud son claros respecto a qué estándares deben cumplirse para garantizar el derecho fundamental a la atención médica. Uno de los pilares es la accesibilidad, y en ese punto Carabobo muestra una herida abierta: la maternidad del Hospital Central de Valencia, con más de 200 camas, permanece cerrada sin explicación satisfactoria, años después del fin de la pandemia.
"No entendemos por qué está cerrada", cuestionó García. "Requerimos la apertura de nuestra maternidad, una maternidad ícono para el centro del país." La situación se agrava con el cierre progresivo de unidades dentro del mismo hospital, en un proceso de reestructuración que el gremio califica de lento, desorganizado y que compromete seriamente el acceso de los ciudadanos a una salud de calidad.
Más allá del hospital
En el nivel de atención primaria, García reconoce que algunos programas funcionan, pero insiste en que deben ampliarse los espacios dedicados a pacientes con VIH, tuberculosis y otras enfermedades crónicas que requieren seguimiento permanente. También llama la atención sobre la expansión de servicios quirúrgicos en ambulatorios, como el caso del ambulatorio 200 de La Isabelica, advirtiendo que estas iniciativas deben darse con seguridad y calidad como condiciones innegociables.
El marco legal que regula todo este sistema de salud es otro punto crítico. La Ley de Salud vigente data de 1997, casi 30 años de antigüedad, y no contempla realidades actuales como el programa Barrio Adentro, la planificación presupuestaria o la seguridad del paciente. Para García, no existe excusa válida para ese atraso legislativo.
"Hay demasiado intrusismo interprofesional y profesional, eso son cosas que hay que empezar a regular", subrayó, añadiendo que la publicación del presupuesto por hospital, ambulatorio y estado es una necesidad ciudadana urgente para ejercer contraloría y combatir la corrupción en los centros hospitalarios.
Una hoja de ruta para garantizar el derecho a la salud
Las recomendaciones del Colegio de Enfermeros de Carabobo apuntan a tres ejes fundamentales: mayor seguridad, mayor calidad y mayor accesibilidad en el sistema de salud. Esto implica actualizar la legislación sanitaria, garantizar el suministro de medicamentos y equipos, y abrir canales reales de participación ciudadana que permitan exigir cuentas a las autoridades.
"Todos estos procesos de democratización implican la posibilidad cierta de hacer exigencias a las autoridades correspondientes y que ellos respondan ante las exigencias ciudadanas", concluyó García, trazando así una visión de salud pública que va de la mano con la transparencia, la rendición de cuentas y la recuperación institucional del país.
