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Jonatan Aldana, presidente de Fedecámaras Carabobo. (Foto: Archivo El Carabobeño)

Los daños a la economía comienzan a manifestarse. En Carabobo, al menos 43,9% de las compañías suspendió parcialmente el pago de los salarios a sus trabajadores, debido a la paralización de la producción durante los primeros dos meses del estado de alarma decretado por el régimen madurista para prevenir la propagación de la COVID-19.

Así lo informó el presidente de Fedecámaras Carabobo, Jonatan Aldana, al detallar que la institución realizó una encuesta entre las diferentes cámaras y empresas afiliadas a la federación para conocer las posibles afectaciones que pudieran estar sufriendo luego de 60 días de férreas restricciones.

Del total de industrias y establecimientos comerciales consultados por la patronal, 46,3% no se ha visto en la necesidad de suspender el salario, mientras que 9,8% sí lo suspendió por completo. Para el también economista, se prevé el colapso del gremio empresarial si no se permite la reincorporación de los sectores productivos distintos a los de alimentos y medicinas.

Otros sondeos más detallados aplicados por Fedecámaras Carabobo en el grupo de 43,6% de las empresas que suspendió parcialmente el pago de sus nóminas reveló que 72,2% hizo recortes salariales de entre 1% y 50% y 28%, con menos opciones de maniobra, tuvo que hacer ajustes de entre 51% y 75%.

Escasez de gasolina

Desde hace más de dos meses se registran en la entidad carabobeña y el resto del país agudas fallas en la distribución de combustible, producto de la paralización de las refinerías locales y la dificultad que tiene el régimen de Nicolás Maduro para importarlo. Esta situación ha afectado la vida de todos los ciudadanos, así como también el buen desenvolvimiento de los procesos productivos.

La institución gremial incluyó en su reciente consulta el porcentaje de afectación de la escasez de gasolina en las operaciones normales de las empresas. El resultado, aunque preocupante, no sorprende: 55,6% dijo que la afectación es superior a 75%; 24,5% dijo que estaña entre 51 y 75%; 16% dijo que era de entre 26% y 50%; mientras que 3,7% de las encuestadas lo situó entre 1 y 25%.

En la encuesta, la federación también hizo referencia a las opciones implementadas por las compañías para garantizar la movilización de sus trabajadores ante la falta de combustible. Según los datos del sondeo, 14,6% paga un bono de transporte, 24,4% ha habilitado el transporte de la propia empresa, 19,5% realiza otro tipo de actividad, como trabajadores que se turnan para irse en el carro de uno de ellos a la semana, y 41,5% que no ha hecho ningún tipo de actuación en este sentido.

Mayoría se opone al estado de alarma

Entre los empresarios hay un clamor por reiniciar actividades, porque los flujos de caja están paralizados. Las empresas necesitan cumplir sus compromisos y, aunque en un principio podían pagar la totalidad de sus salarios, ahora solo algunos pueden hacerlo por completo o lo hacen limitadamente, aseveró Aldana.

Aproximadamente 73,8% de los representantes del sector privado considera que las empresas corren el riesgo de quebrar si continúa la situación actual de estado de alarma, bajo el cual solo tienen permitido laborar los sectores de alimentación y medicinas, expuso el mismo reporte. El otro 26,2% de los empresarios no considera tan dramática la extensión del decreto.

Con respecto al reinicio inmediato de las operaciones en sus respectivas empresas si se implementan acuerdos con autoridades que establezcan protocolos sanitarios de estricto cumplimiento para disminuir riesgo de contagio, 97,6% manifestó estar a favor y solo 2,3% contestó que no está de acuerdo.

El representante de Fedecámaras Carabobo fue enfático al advertir que, de no establecerse una desescalada con operaciones parcialmente restringidas, “se producirán muy malas condiciones para nuestras empresas”.




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