Directivos del Cicpc, Johnny Salazar, Douglas Rico y Mercy Bracho (Foto cortesía Cicpc)

Una banda conformada por empleados públicos, que se dedicaba a la comercialización de carnets para escoltas asignados a distintas entidades gubernamentales, y otra que falsificaba y vendía títulos universitarios, fueron desmanteladas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, pertenecientes a la División Contra la Delincuencia Organizada y la División Contra Robos.

El comisario Douglas Rico, director del Cicpc, suministró la información en compañía del subdirector, Johnny Salazar y la secretaria general, Mercy Bracho, y anunció que están detenidas seis personas. En los procedimientos incautaron títulos de distintas universidades del país (Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Universidad de Oriente, Universidad de Carabobo, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Santa María, entre otras), así como títulos de bachiller, sellos húmedos, timbres fiscales, una impresora HP, pliegos de papel pergamino en blanco y otros materiales para la falsificación.

Por la falsificación de títulos profesionales que eran vendidos en 500 dólares, detuvieron a José Gerónimo Sobrado, de 38 años y quedó a la disposición de los tribunales penales. Luis Dos Santos (33) y Patricia Roa (32), también fueron presentados en el juzgado quedando en libertad bajo una medida cautelar por cuanto no eran responsables directos en los hechos.

Por la comercialización de carnets de escoltas para que trabajaran en entes públicos como el Ministerio del Interior y Justicia, Pdvsa, TSJ, Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y otros organismos, detuvieron a Luis Alfredo Camejo Aquino (25), quien fue expulsado de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) tras falsificar una credencial del Cicpc; Raúl José Hernández Ramos (30), oficial de la Policía Nacional Bolivariana; Javier Enrique Salazar Márquez (39) escolta; Robin José Ramos Machado (46), escolta; y Reylizt Ricardo Rodríguez, comerciante de 42 años, dueño del establecimiento ubicado en Parque Central, donde hacían las falsificaciones. Una sexta persona falta por ser detenida. Los carnets eran vendidos en 280 dólares.

El comisario Rico la peligrosidad de este tipo de delitos, por cuanto los carnets especifican que los portadores están autorizados para tener armas, siendo que hay prohibición de portar armas y estas  solamente están permitidas para personal policial y militar.

Hizo un llamado a quienes hayan adquirido tales permisos en forma fraudulenta, para que los entreguen “antes de la que la policía les toque la puerta y los ponga a la orden de los tribunales de flagrancia”.

Incautaron 75 carnets de escoltas y faltan 180. Respecto a los títulos universitarios, las autoridades tienen la base de datos de quienes los obtuvieron, por lo que recomiendan a los empleadores verificar los documentos ante el Ministerio de Educación antes de contratar a una persona que podría estar ejerciendo una profesión en forma ilegal.




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