La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes 16 de septiembre que solicitó una anuencia para realizar una visita dentro de Venezuela. Aspira constatar la situación de Derechos Humanos dentro del territorio durante el último trimestre de 2025.
La visita, explicó la CIDH en un comunicado, tiene la finalidad especial revisar las condiciones de las personas privadas de libertad en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I. Este sitio, mejor conocido como el Sebin del Helicoide, es señalado por organismos internacionales como un centro de torturas, reseñó Tal Cual.
Allí están recluidas personas por delitos comunes y presos por razones políticas, sentenció la comisión. Comités de familiares han denunciado que al menos 13 presos políticos detenidos en ese lugar se encuentran en aislamiento prolongado. Hace unas semanas, se informó sobre nuevas limitaciones a la entrega de paquetería (comida, ropa y artículos de aseo e higiene).
CIDH solicita permisos para visitar Venezuela
Varias ONG han denunciado el traslado arbitrario de presos políticos sin órdenes de un tribunal. Tal es el caso de los hermanos Rolando, Otoniel y Juan Guevara, condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson. También los dirigentes de Voluntad Popular Freddy Superlano y Roland Carreño, así como recientemente del activista Jeancarlos Rivas.
«En Venezuela, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos carecen de independencia. Operan como instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario», afirmó la Comisión en su comunicado.
Indeclinable compromiso con las víctimas
La CIDH reafirmó su «indeclinable compromiso» con las víctimas y con el pueblo venezolano en su esfuerzo por recuperar la democracia y el Estado de derecho. Además, ratificó su competencia para monitorear, recibir y tramitar peticiones, además de dictar medidas cautelares respecto a violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto, tras una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chirinos Salamanca del 21 de agosto de 2025, que determinó que la denuncia presentada por el Estado venezolano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012 carece de validez.
«La decisión se fundamenta, entre otras razones, en que dicho acto no fue adoptado en un contexto democrático. Adicionalmente, estableció que la ratificación del tratado realizada por la Asamblea Nacional en 2019 mantuvo vigente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado venezolano», destacó la CIDH.
