El cerco comunicacional no ha cesado. Los recientes cierres de emisoras así lo confirman y representan una reconfiguración del mapa de medios de parte del Gobierno, a través de reglas que no están del todo claras.
Para operar legalmente en sus frecuencias, las empresas radiofónicas deben contar con la concesión otorgada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que depende de diferentes documentos y trámites como la presentación de un informe técnico que oscila entre los cinco mil y los 10 mil dólares, “y en algunos casos, en ciudades pequeñas del país, se trata de un esfuerzo muy grande sin certeza de que recibirán la titulación”, detalló el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
El también comunicador social, durante su participación en la transmisión del Twitter Spaces de El Carabobeño, el miércoles 26 de octubre, detalló que esta política en contra de las emisoras obedece a dos hipótesis. Por un lado, a la reconfiguración del mapa de la propiedad de medios radioeléctricos en Venezuela, “hay informaciones, que no hemos confirmado, sobre nuevos propietarios que concentran operación de varias emisoras del país”.
Y, por el otro lado, es una estrategia implementada con el objetivo de callar voces críticas, de cara a la perspectiva electoral.
Castigo por informaciones incómodas
El balance de Espacio Público indica que la mayoría de las emisoras cerradas ofrecían programas de opinión, entrevistas y tenían la opción de participación de las audiencias. “Fueron castigadas por su línea editorial”.
Correa insistió en que se trata de una administración salvaje del espectro radioeléctrico y del desorden que tiene la administración de la Conatel. “Buena parte de las emisoras han solicitado los permisos, pero no han tenido respuesta”.
Esto se ha convertido en un mecanismo de control para atacar a las emisoras que difundan informaciones incómodas al Gobierno.
Los datos de Espacio Público revelan que, desde 2003, se han cerrado 233 emisoras. “Tomando en cuenta que el 70 % de los medios de comunicación del país son emisoras, esas 233 representan casi el 65 % de total de medios cerrados en últimos 20 años”.
También resalta la falta de transparencia de esos procedimientos de cierre porque “ha pasado mucho que sale del aire una emisora y casi de manera inmediata ya suena otra en la misma frecuencia, sin saber si esa empresa sí tiene concesión vigente y cumplió con todos los requisitos”.
Para Correa, el clima de hostilidad en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela se mantiene, esto afecta a otro derecho como lo es el empleo porque, con los más de 50 cierres de emisoras de este año son entre 600 y mil personas las que perdieron sus trabajos.
Información bloqueada
El caso de los medios del país es grave. En Nicaragua, en los últimos años, se han cerrado 57 emisoras, un número alarmante pero inferior a los 233 casos de Venezuela.
“Aquí se comenzó con la censura y los ataques a la televisión, después fue contra los medios impresos y las emisoras, desde hace tres años vemos una persecución por la utilización de redes sociales como Twitter, y en los últimos tiempos por divulgar información en redes de comunicación interpersonal como WhatsApp”.
A todo esto se suma que del centenar de portales nativos y no nativos de información en Venezuela, de 45 a 50 están bloqueados y no abren automáticamente. “Informarse en Venezuela significa superar varias barreras… Tener electricidad, conexión a internet, acceder a información no bloqueada y verificarla”.
El reto de los periodistas en Venezuela es grande. “Hay que aprovechar cada rendija, ventana, y puerta para informar y hacerlo de la mejor manera posible. Las audiencias están buscando información de calidad y contrastada, buscan información confiable”.
