El abogado penalista y profesor universitario Luis Armando Betancourt dirigió una carta abierta a la junta directiva Ad Hoc del Colegio de Abogados de Carabobo en la que denuncia el silencio institucional ante la detención de agremiados, la vulneración sistemática de derechos humanos en el estado y el abandono total del gremio frente al maltrato diario que sufren los abogados litigantes.
Ante tales irregularidades, el jurista exige la convocatoria urgente de elecciones libres y transparentes y la refundación de la institución.
"En Carabobo se ha privado ilegítimamente de su libertad a abogados en el ejercicio de sus funciones, y ante este atropello inaceptable, el Colegio de Abogados ha guardado un silencio cómplice", denunció Betancourt.
El jurista señaló que en ningún momento ha existido una postura de defensa firme, acompañamiento institucional ni una sola respuesta oportuna para resguardar la seguridad jurídica y la integridad de los “agremiados afectados que hoy se encuentran vulnerables y desamparados".
Betancourt precisó que previamente presentó denuncias escritas ante el Colegio de Abogados sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en Carabobo, y que la respuesta de la junta directiva anterior también fue el silencio administrativo. La gestión Ad Hoc que encabeza la institución hoy heredó esa deuda y tampoco la ha saldado.
Horas de espera, corrupción y amenazas
Más allá de los casos de detención de colegas, Betancourt describió un escenario cotidiano de degradación profesional que el Colegio de Abogados tampoco ha enfrentado. "El maltrato diario hacia el abogado litigante es evidente y degradante", escribió, enumerando las condiciones que padecen quienes ejercen la defensa privada en Carabobo: horas inhumanas de espera en los tribunales, retardo procesal endémico, dinámicas de corrupción institucionalizadas, menosprecio sistemático al profesional de la defensa y amenazas constantes en el ejercicio de sus funciones.
Todo eso, sostiene el jurista, ocurre en un contexto de "absoluta orfandad y falta de apoyo gremial". El Colegio de Abogados, que debería ser el escudo institucional de sus agremiados frente a esas condiciones, ha brillado por su ausencia. "Lo que ocurre actualmente en nuestra sede y en los tribunales es una auténtica vergüenza para el gremio", sentencia Betancourt.
También llamó a que el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados asuma una postura histórica: convertirse en el principal impulsor de sanciones ejemplares contra jueces, magistrados, fiscales o defensores públicos que hayan participado, sido cómplices o ejecutores de violaciones a los derechos humanos o de actos de corrupción demostrables. Para Betancourt, esa función sancionatoria es parte esencial del rol que el Colegio de Abogados debe recuperar.
Por un Colegio de Abogados libre de interferencia política
El centro de las exigencias de Betancourt es la convocatoria inmediata de elecciones libres, democráticas y transparentes en el Colegio de Abogados de Carabobo. La legitimidad de origen, dijo, no admite más demoras. La institución opera bajo una junta Ad Hoc cuya continuidad sin proceso electoral el jurista considera inaceptable.
Pero la demanda va más allá del proceso electoral. Betancourt exigió que el Colegio de Abogados sea un bastión despolitizado, libre de agendas partidistas y de los financiamientos e injerencias de quienes ejercen el poder público. "Son factores que solo buscan secuestrar una institución que históricamente se ha defendido con dignidad", advierte, apelando a la memoria histórica del gremio como referencia de lo que debe recuperarse.
La visión que plantea para la institución refundada es concreta: un espacio concebido para los abogados y solo para los abogados, donde la protección social efectiva, los beneficios gremiales tangibles y el funcionamiento transparente de la caja de ahorros vuelvan a ser realidades cotidianas para los agremiados. También un espacio de debate conceptual, diálogo técnico y reconstrucción del sistema de justicia en el estado.
Junta ad hoc del Colegio de Abogados de Carabobo
En noviembre de 2023, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia aprobó un recurso contencioso electoral, con medida cautelar, mediante la cual ordena la suspensión de la junta directiva del Colegio de Abogados del Estado Carabobo y designa una directiva Ad Hoc, para que ocupe los cargos electos el 3 de febrero de 2023 en ese gremio.
La junta Ad Hoc es conformada desde ese entonces por: Erwin Gerardo Fernández, presidente; Williams de Jesús Latuf Rodríguez, vicepresidente; Gustavo Alberto Guevara Morales, tesorero; Ramón Antonio Navas Martínez, bibliotecario.
El fallo de la sala se emitió en atención a un amparo constitucional interpuesto por los abogados Roymar Armas y Gianni Piva, contra la comisión electoral que llevó a cabo el proceso de escogencia de la directiva del gremio.
De acuerdo a lo decidido, los miembros de la junta Ad Hoc permanecerán en los cargos, ejecutando actos de simple administración, hasta que se dicte la decisión definitiva de la presente causa.
