La jurisdicción universal está abriendo paso a la justicia que Venezuela no ha podido garantizar. Un tribunal federal argentino investiga asesinatos cometidos durante las protestas de 2014 en Venezuela y solicitó formalmente la extradición del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien se encuentra en España.
La Audiencia Nacional española lo citó para el próximo 10 de junio a fin de que manifieste si consiente o no su entrega a Argentina, según informaron fuentes jurídicas a la agencia EFE. El caso marca un hito en la búsqueda de justicia para las más de 43 personas que murieron durante las protestas de ese año.
El excoronel Verdú Torrelles era el segundo al mando del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de Tocuyito, estado Carabobo, en 2014 y tenía el control de los batallones que salían a las manifestaciones. Por eso está en la línea de mando directamente relacionada con el caso de Geraldín Moreno. En total, por este caso están acusados 14 oficiales de la GNB, según Rosa Orozco, madre de Moreno, los demás implicados están localizados en Venezuela, pero sin investigación abierta.
El proceso de la jurisdicción universal
La causa es tramitada por el Juzgado Federal N° 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli. Se abrió sobre la base de la jurisdicción universal, principio que permite a los países procesar graves crímenes contra los derechos humanos independientemente del lugar donde ocurrieron y de la nacionalidad de víctimas o victimarios.
La investigación comenzó hace tres años, impulsada inicialmente por la Fundación Clooney para la Justicia y continuada desde 2026 por la ONG InterJust, cuyo director para América Latina, el abogado Ignacio Jovtis, lleva el patrocinio legal de los querellantes por el caso de Moreno y de otra víctima, cuya identidad no ha trascendido para proteger a sus familiares, quien el 19 de febrero de 2014 registró con su móvil la represión de una protesta, fue golpeado y murió días después por esas lesiones.
En febrero de este año, tras recibir información de InterJust sobre la ubicación de Verdú Torrelles en España, el juez argentino dictó la orden de extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina tramitó el pedido formalmente ante las autoridades españolas, y en marzo el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del procedimiento, que actualmente se tramita en el Juzgado Central de Instrucción N° 2 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Ismael Moreno.
"Eso quiere decir que ellos han dado por hecho que todo lo que se ha investigado está bien sustentado", señaló Orozco.
El caso de Geraldín Moreno
Geraldín Moreno tenía 23 años cuando el 19 de febrero de 2014 salió a la puerta de su casa en Tazajal, municipio Naguanagua, a ver la manifestación que pasaba cerca, cuando fue impactada por varios perdigones en la cara disparados por funcionarios de la GNB que intentaban dispersar a los protestantes. Cuando cayó al suelo, uno de los funcionarios le habría disparado nuevamente, esta vez directamente en el ojo. Murió tres días después.
Dos sargentos fueron condenados en diciembre de 2016 por ese proceso judicial: Albin Bonilla Rojas, a 30 años de prisión, y Francisco Caridad Barroso, a 16 años y seis meses. Pero Rosa Orozco asegura que fueron más los implicados. "Solo dos fueron sentenciados. Los otros 19 guardias nacionales siguen sin investigación, impunes. Llevamos 12 años de la muerte de Geraldín y se ratificó la sentencia firme de estos dos, pero los demás no tienen ninguna investigación", denunció la madre.
El camino que Argentina abrió
Rosa Orozco explicó por qué fue Argentina el país que abrió esta investigación. " Argentina siempre ha sido un refugio seguro para hacer este tipo de juicio", señaló. La jurisdicción universal no es un mecanismo nuevo: es el mismo que permitió a Argentina investigar crímenes del franquismo en España décadas atrás.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, a cargo de Marta Tineo, colaboró en la construcción del expediente junto a InterJust. "Han hecho un expediente muy sustentado, muy fuerte en el caso de Geraldín. Por eso el tribunal argentino, revisando toda la información que se le entregaba, aceptó y dijo que estaba todo bien sustentado", destacó Orozco, cuya esperanza está puesta en que este caso sea la puerta de entrada para más investigaciones.
El número de víctimas registradas supera con creces el caso de Geraldín. "Hay más de 300 personas registradas de asesinatos, y todavía no sabemos si hay muchísimas más, además de la cantidad de presos donde ha habido mucha tortura y violaciones de sus derechos humanos", reveló Orozco. Para ella, el juicio de Geraldín debe ser el inicio de un proceso más amplio que use la jurisdicción universal para acabar con la impunidad que el sistema judicial venezolano no ha podido, o no ha querido, resolver.
Los crímenes no prescriben
Rosa Orozco tiene un mensaje claro para quienes dispararon aquel 19 de febrero de 2014 y para todos los que cometieron crímenes similares en Venezuela. "Esto no prescribe. Hasta que no se haga justicia no va a parar. Es importantísimo que sepan que ninguna persona que tenga un uniforme o un arma en la mano está libre de poder estar detrás de una reja por haber cometido violaciones de derechos humanos", advirtió.
Para la madre de Geraldín, la jurisdicción universal no es solo un mecanismo legal sino una lección sobre lo que Venezuela necesita para reconstruirse. "Nunca vamos a estar bien en Venezuela si no tenemos verdad y justicia. Aquí no puede haber reconciliación cuando no hay verdad y justicia. Tenemos que tener fijo ese camino para poder seguir adelante con el país", reflexionó.
