Ilustración Javier Rodríguez
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Lo público es carne fresca en sistemas frágiles. Y los corruptos actúan como aves de rapiña. Es una política de Estado, señala Mercedes de Freitas, coordinadora de Transparencia Venezuela, una Organización No Gubernamental (ONG) anticorrupción. Las medidas que sigue sin tomar el Gobierno hacen de Venezuela un país atractivo para los estafadores.

Venezuela es el país más corrupto de América Latina, según el último informe de Índice Anual de Corrupción, difundido por la Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela, y realizado por su filial internacional. Obtuvo 17 puntos sobre una base de 100 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC). Ha ido cayendo en la tabla en los últimos años, explica De Freitas: Nunca ha estado bien. En el último reporte ocupa el puesto 166, de una lista de 176 países.

El resto de países de la región ha mostrado una mejora lenta pero progresiva. “Venezuela se sigue alejando porque no se ha tomado ninguna decisión en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, se ha avanzado a pasos agigantados en la profundización de los riesgos”.

En épocas de bonanza, el dinero se maneja con altísima discrecionalidad. Venezuela todavía es un país con una importante riqueza petrolera, explica De Freitas. Es cierto que el barril de petróleo no está por encima de los 100 dólares, como en el Gobierno de Hugo Chávez, pero que la gestión de Nicolás Maduro cuente con un precio por encima de los 40 dólares es algo que ninguna otra administración tuvo.

Lo que hace más complejo el problema es la impunidad. Cada vez hay menos verdadera autonomía e independencia de los poderes públicos. Los funcionarios que deberían estar protegiendo los recursos del Estado terminan formando parte de un entramado de tutelas institucionales a los corruptos, quienes utilizan los recursos de la nación para beneficio propio. No se garantiza el cumplimiento de las leyes ni la Constitución, opina la activista.

En el segundo período de Rafael Caldera, (1994-1998), el IPC fue de 2,6 al iniciar su mandato; y de 2,3 al finalizar. El sucesor, Hugo Chávez, quien asumió en 1999, lo llevó hasta 2,4 al finalizar su primer mandato, en 2003.

Pero el encanto anticorrupción de Chávez no duró mucho. 10 años luego, fecha en la que dejó la presidencia por una enfermedad, el IPC había escalado de manera estrepitosa a 20 puntos. De Freitas señala puntos claves, como las misiones sociales. Los programas de Gobierno del fallecido presidente son oscuros y no se establece una metodología que se cumpla para saber quiénes terminan accediendo a los beneficios. La denuncia frecuente es que no terminan siendo los más necesitados los que reciben la ayuda.

¿Cuál es la motivación para que un Estado sea tan corrupto? Solo se explica con que las aves de rapiña estaban gobernando: obteniendo ganancias ilícitas. Sin control, sin investigación y sin sanción se dilapidaron recursos para bienes y servicios. “Y la realidad y consecuencia la tenemos a la vista: gente haciendo cola”.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es considerada por los opositores al Gobierno como la caja chica de la revolución. En 2016, la Asamblea Nacional -de mayoría opositora por primera vez desde llegó el chavismo al poder- reveló una investigación por 11 mil millones de dólares que desaparecieron de manera inexplicable en la estatal durante la gestión de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo para entonces. “Con el dinero que entró por la bonanza petrolera, así haya estado muy mal administrado, no deberíamos tener estos niveles de crisis”.

Las mafias internacionales de latinoamérica penetraron Venezuela. La constructora brasileña internacional Odebrecht obtuvo la licitación para importantes obras públicas en el país, como la construcción de la línea 5 del metro de Caracas y el metro de Los Teques. Pero para ello asumió un esquema de pagos de sobornos, que en el caso venezolano fueron de 98 millones de dólares. “El caso de Odebrecht es la confirmación de algo que ya suponíamos”. El parlamento venezolano anunció que investigará contratos de la firma brasileña en Venezuela por más de 16 mil millones de dólares.

CARABOBO: EMBLEMA

En Carabobo las consecuencias de prácticas sin transparencia están en cada hogar. Para verlas solo se necesita abrir los grifos. La calidad del agua en la región es pésima y atenta contra los estándares internacionales. No es potable ni segura, y constituye una violación sistemática de derechos humanos, advierte Lucio Armando Herrera, consultor jurídico de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua (Fmpca). “El derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano y el derecho a recibir agua apta para consumo humano declarado en el año 2010 como derecho humano fundamental por la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

La razón por la que el agua en los hogares de carabobeños llega amarilla, negra y con olores fétidos es que la planta potabilizadora Alejo Zuloaga no está en capacidad de procesar las aguas crudas del embalse, sostiene Herrera. Al cuerpo de agua le llegan cloacas sin tratamiento previo por la inoperatividad de las plantas. Es un caso claro de recursos que no han sido invertidos y donde la transparencia debió privar, opina. “El servicio del agua en Carabobo no sólo no se presta en forma debida, por la obsolescencia de la red de distribución, si no que el líquido que llega a la población, que cada vez es en menor cantidad, no es apto para consumo humano, es decir no tiene condiciones de potabilidad”.

Desde 2010 la ONG ha denunciado la desmejora progresiva en la prestación del servicio público fundamental. La desinversión en las obras hidráulicas, especialmente la de plantas de tratamiento y potabilización, además de un cúmulo de malas decisiones administrativas, causaron una crisis ambiental de dimensiones preocupantes en la región, apuntó Herrera.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó 125,5 millones de dólares para la rehabilitación y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Mariposa. La instalación fue abandonada por el Gobierno y desmantelada por el hampa común. Igual pasó con la planta depuradora de Los Guayos. Esos proyectos son oscuros, pues ni ONG ni la sociedad civil han podido revisar las obras, lamentó el abogado.

La Mariposa es la encargada de recibir las aguas negras de los municipios Valencia, Naguanagua y Libertador. Allí se debería tratar el agua con procesos de aireación que oxiden la materia orgánica, pero los equipos fueron desmantelados. Nunca se abrió una averiguación formal ni se establecieron responsabilidades. Esta semana el diputado de la Asamblea Nacional (AN) por Carabobo, Carlos Lozano, acudió al Ministerio Público exigiendo una respuesta. Desde diciembre de 2015 ha pedido, a través de documentos, que se investiguen los robos en las plantas, pero las averiguaciones superan los 12 meses de retraso.




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