Con desesperación y miedo los familiares de militares presos decidieron hablar sobre las irregularidades de las causas de sus seres queridos.
Delia Subero, hermana del sargento mayor de segunda Anderson Subero, denunció que son víctimas de persecución, trampas y amenazas desde los tribunales militares.
Subero explicó que su hermano, el militar Anderson Subero, desertó de la Guardia Nacional en 2019 y tras ser llevado a un tribunal disciplinario, los encargados lo expulsaron del organismo. Cuatro años después, el 9 de enero de 2023 apareció como solicitado y detenido en el terminal de San Cristóbal, pues viajaría de regreso a Caracas, donde residía.
Ya pasaron más de tres años y Subero sigue preso en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Santa Ana del Táchira. Su familia viaja cuando puede desde Michelena para visitarlo pero el gasto económico es una de las limitantes.
Al abogado privado le han negado la posibilidad de ejercer las acciones legales para defenderlo, de hecho la hermana asegura que tuvo condena anticipada. También les han pedido que acepten la defensa pública, pero se han negado.
Delia Subero explicó: «El general Monsalve, presidente de la Corte Marcial, amenazó a los privados de que cualquier recurso de sus abogados privados serían considerados sin lugar porque la orden ya estaba dada».
Otros familiares de militares presos
En la misma situación están los familiares del sargento mayor Jhunior Contreras, el sargento mayor de segunda Pedro Román y el mayor Hernández Amundaray, todos miembros de la Aviación y oriundos del estado Mérida.
A los tres militares los condenaron a más de siete años de prisión por conspiración y apropiación de recursos. La madre de Pedro Román, Ana Marleny Contreras, explicó que ellos seguían órdenes de un general, que hacía una especie de trueques con comerciantes de la zona.
Contreras dijo: «Ellos, por órdenes del general Peraza, entregaban gasolina a comerciantes que a su vez daban alimentos para el comando. Nada entraba o salía de ahí sin su autorización y los tres están condenados mientras que él libre y sin ninguna acusación en su contra».
A los tres militares les pidieron renunciar a sus abogados privados y aceptar la defensa pública para intentar cortar sus condenas.
Para las tres familias es difícil viajar desde el estado Mérida a Táchira para visitar a sus seres queridos. La solidaridad de vecinos, familiares y amigos les permite viajar eventualmente, pero para ellos resulta difícil hacerlo constantemente.
El Pitazo
