(EFE)

El Gobierno de Nicaragua no tiene fundamentos para evitar el proceso de aplicación de la Carta Democrática Internacional (CDI), iniciado el pasado jueves, afirmó hoy el presidente de la organización no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.

En sus 70 años de historia, la OEA solamente ha suspendido a Cuba y Honduras, mientras que en su Asamblea General de este año dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela.

El activista emitió su apreciación un día después de que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, pidió a sus cancilleres de América Latina y el Caribe que la CDI no sea aplicada a Nicaragua, ante la reciente solicitud en tal sentido del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La petición de Moncada “no tiene fundamento ni solidez necesaria para que la OEA pueda tomarla en serio, porque por un lado pedís que no se aplique, pero por otro seguís violando los derechos humanos”, dijo Carmona a periodistas.

El pasado sábado Almagro, de nacionalidad uruguaya, solicitó al Consejo Permanente de la OEA una sesión de urgencia para abordar el caso de Nicaragua.

Almagro tomó la decisión basado en que las actuaciones recientes del Gobierno de Nicaragua, de negarse a aceptar la responsabilidad de una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, han provocado “una alteración del orden constitucional”.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad”, supuestamente para mantenerse en el poder.

En su petición, Moncada argumentó que la CDI únicamente puede ser aplicada a un país cuando su Gobierno se ha impuesto a través de un golpe de Estado, y que, por el contrario, la OEA debería apoyar a Ortega, quien insiste en que en abril pasado fue víctima de un “golpe fallido”.

“No creemos que la carta de Moncada tenga un efecto positivo, porque antes debe haber muestra de buena voluntad, el argumento de golpe de Estado no tiene fundamentos, ahí está el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), hay muertos, presos, exiliados, el Gobierno no muestra apertura al diálogo”, insistió Carmona.

Desde el estallido social de abril pasado la crisis sociopolítica de Nicaragua ha dejado entre 325 y 545 muertos, cientos de presos y decenas de miles de exiliados desde abril según organismos humanitarios. El Gobierno reconoce 199.

Para aprobar la suspensión, que es la máxima sanción de la OEA, se necesitan 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).EFE




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