A cuatro años de la muerte de Óscar Pérez ni juicio ni responsables de la masacre
/ Foto: Videocaptura, Archivo

El 15 de enero de 2018, un operativo de captura de presuntos terroristas se convirtió en una serie de ejecuciones extrajudiciales en vivo. El ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez y otras seis personas informaba de su rendición a las autoridades y pedía un alto al fuego.

Mientras tanto, funcionarios de diversos cuerpos de seguridad (Dgcim, PNB y FAES) disparaban contra la vivienda en la que hallaba oculto.

El saldo de la llamada Masacre de El Junquito incluyó los cuerpos de Pérez, Daniel Soto, Abraham Noé Lugo Ramos, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Simón Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Lisbeth Ramírez.

Hoy, a cuatro años de lo ocurrido, y con una visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de por medio, la madre de Pérez, Aminta Pérez, pide que se haga justicia por el asesinato de su hijo, en un caso en el que no ha habido juicios ni se han establecido responsabilidades.

Del lado policial, según dijo el entonces ministro de Interior Néstor Reverol se produjeron las muertes del supervisor en jefe de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) Andrew Domínguez y el oficial agregado Nelson La Cruz. También quedaron heridos otros ocho funcionarios.

La historia de Óscar Pérez y su grupo inició el 27 de junio de 2018, cuando hurtaron un helicóptero del Cicpc y sobrevolaron varias dependencias públicas como el Ministerio de Interior y Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia, como parte de las acciones que tomó contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Persecución contra los insurgentes

Desde entonces comenzó una persecución contra este grupo insurgente que buscaba un cambio político en el país. Varias acciones grabadas en las redes sociales evidenciaban los actos de Pérez hasta que, a mediados de 2018, les acorralaron en un chalet en el sector El Junquito, municipio Libertador, donde el expiloto del Cicpc documentó lo que estaba ocurriendo a través de videos en las redes sociales hasta momentos antes de su ejecución.

Cada uno de los fallecidos del grupo de Óscar Pérez, incluyendo al exCicpc, recibieron disparos a corta distancia aún estando vivos, cuestión que según los organismos internacionales de derechos humanos se considera una ejecución extrajudicial. Los resultados de las autopsias de tres de los fallecidos los publicó el diario El Mundo de España en un reportaje en 2019.

Trascendió que a Óscar Pérez le alcanzaron no menos de 12 disparos, uno de ellos en la nuca. Además, una recopilación de fotos de la ejecución se entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que avanza en un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir de 2017.

Excarcelados, sin responsables

El 16 de enero, un día después de la masacre, Néstor Reverol dijo que por el supuesto apoyo a la «célula terrorista» que dirigía Óscar Pérez estaban bajo proceso penal seis personas: Juan Carlos Urdaneta alías “El Tío”; Eva María Lugo; Laura Vanessa Lugo, Antonio José Pérez Cisneros; y el médico Williams Aguado.

De este grupo todos quedaron excarcelados entre 2019 y 2020 por medidas tomadas a través de la comisión presidencial para el diálogo o indultos dados por Nicolás Maduro. Igual suerte corrieron los detenidos de la Operación Gedeón, a quienes se les vinculó de tener nexos con Óscar Pérez o hacer actividades terroristas en su nombre.

Por las ejecuciones extrajudiciales del exCicpc y su grupo no hay responsables, y las autoridades venezolanas no han iniciado las investigaciones correspondientes. Tan solo existe la denuncia ante la CPI y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con información de Tal Cual.




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