La Defensa Pública firmó un convenio de cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre formación y capacitación académica de su personal en materia de derechos humanos, informó este martes la Cancillería.
El defensor público, Daniel Ramírez, explicó en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que este acuerdo forma parte de la «optimización y consolidación» del sistema de justicia, trabajando de forma conjunta en la protección de la población en materia de derecho internacional humanitario.
Además, el pasado 17 de agosto, representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sostuvieron una reunión con miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para revisar el estado de los DD.HH. y las políticas públicas con incumbencia en esta materia.
El TSJ informó que se cumplió «a cabalidad» con todos los compromisos asumidos en el Plan de Trabajo, Cooperación y Asistencia Técnica, con lo que demuestran «plena voluntad y capacidad para cumplir sus atribuciones constitucionales y legales, con diáfano respeto al debido proceso y los estándares internacionales».
De hecho, el Supremo, prosigue el escrito, reiteró su disposición de trabajar junto a otros organismos del Gobierno en la «reorganización, reestructuración y reimpulso» de la Justicia para garantizar el «resguardo» y protección de los derechos humanos, la garantía de acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva.
Una coalición de 125 ONG exigieron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de los Hechos de la ONU sobre el país, creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos, y cuyo período vence el próximo mes de septiembre. EFE
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