El abogado y coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado. EFE
La ONG venezolana Provea denunció este lunes la puesta en marcha de una “operación de maquillaje” de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), cuya disolución fue recomendada por la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

“Extraoficialmente se conoció el inicio de una operación (de) maquillaje de las FAES. Ratificamos (que) deben ser disueltas y sus altos mandos rendir cuentas por los cientos de ejecuciones y abusos principalmente contra los más pobres del país”, publicó Provea en su cuenta de Twitter.

En un vídeo que acompaña la acusación, el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, denunció que el pasado 16 de noviembre el fiscal general, Tarek William Saab, anunció que investiga varias denuncias contra ese cuerpo.

“Expresa preocupación tardía sobre los abusos que vienen cometiendo las FAES”, aseveró Alvarado acerca de los anuncios del fiscal.

Además, subrayó que el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, “guarda absoluto silencio”, lo que “cuesta vidas”, mientras “los abusos policiales se extienden en todo el país”.

“La misión de determinación de hechos de Naciones Unidas estableció que, entre 2017 y 2020, las FAES perpetraron 925 presuntas ejecuciones en el país y recomendaron también demoler a las FAES”, subraya Alvarado.

Por eso, destaca que las FAES son “una maquinaria de terror, un escuadrón de la muerte que siembra sufrimiento en las zonas populares de Venezuela”.

En un hilo de Twitter, agrega que, como parte de esa “operación de maquillaje”, las unidades de las FAES en las regiones “pasarían a ser DIE (Dirección de Inteligencia y Estrategia)”.

“En la Gran Caracas seguirían las FAES pero también operaría el DIE. Ya en algunas sedes de las FAES los logotipos cambiaron a DIE”, apostilló.

Sin embargo, afirmó que se tratan de “puros cambios superficiales”, ya que “siguen los mismos directivos con sus prontuarios de presuntos crímenes de lesa humanidad y sus integrantes, muchos de ellos, con las manos manchadas de sangre por las ejecuciones”.

“Afortunadamente, se avanza lentamente pero a paso firme para que los responsables de los crímenes rindan cuentas ante la justicia”, concluyó.

Tras su visita a Venezuela en junio de 2019, Bachelet pidió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro disolver las FAES, señaladas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos.

Y en septiembre del año pasado, Bachelet afirmó en su actualización del informe sobre Venezuela que su oficina “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”, al tiempo que lamentaba que no se hubiera seguido su recomendación de disolver ese cuerpo.

Pero en diciembre de ese mismo año, Maduro rechazó una supuesta “campaña mundial” para que se elimine esa fuerza policial, a la que ofreció “todo” su respaldo público y defendió como “una necesidad para la paz, la seguridad y la unión” de Venezuela. EFE




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