El sistema educativo venezolano se encuentra totalmente amenazado y colapsado debido a políticas sistemáticas ejecutadas inicialmente por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro, como las violaciones a la libertad académica, asfixia presupuestaria en las instituciones educativas de todos los niveles y la promoción de ideologías políticas que impulsan la exclusión y el control arbitrario de la comunidad educativa en Venezuela.
Así lo advirtió Marysabel Centeno, activista de Monitor DESCA VE, plataforma conformada por diversas organizaciones estudiantiles abocadas a visibilizar la crisis del sistema educativo venezolano. “La paralización de nuestras escuelas y universidades plantea un futuro complejo para los jóvenes venezolanos, quienes se ven obligados a irse del país forzadamente o migrar a los mercados laborales informales”, dijo a través de una pieza audiovisual en la que se refleja la gravedad de la situación.
La juventud se hunde en medio de la desesperación por la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país, consideró la vocera de Monitor DESCA VE, quien ante el panorama planteado exigió al Estado que garantice la recuperación de las infraestructuras de las casas de estudio, así como la posibilidad de que quienes forman y son formados, lo hagan con absoluta libertad.
UCV hundida en la desidia
La Universidad Central de Venezuela (UCV), principal centro de educación superior del país, escenifica bien todos los padecimientos del agonizante sistema educativo venezolano. Jesús Mendoza, consejero universitario de esta casa de estudios, denunció que el actual déficit presupuestario ha marcado el desempeño académico y las reivindicaciones profesorales y estudiantiles.
El año pasado el Ejecutivo solo aprobó el 0,97 % del presupuesto solicitado por la universidad, lo que ocasionó la paralización de las investigaciones y graves afecciones en la infraestructura por falta de mantenimiento. Además, a causa de la pandemia se paralizaron las actividades académicas y administrativas.
En 2021 lo que la administración de Nicolás Maduro aprobó para la UCV fue el 2,27 % del presupuesto y “en lo que va de año no ha entrado ni un solo bolivar a la universidad”, alertó Jesús. Y, como si no fuese suficiente, el gobierno todavía adeuda lo correspondiente al segundo semestre de 2020.
Sin becas ni servicios
Las providencias educativas están casi extintas. La también activista de Monitor DESCA VE, Betsabé Pérez, expuso que los jóvenes como ella no cuentan con becas dignas y mucho menos con servicio de transporte o comedor.
A su juicio, la falta de garantías de estas condiciones que complementan el proceso educativo sin duda compromete la permanencia de los estudiantes en las aulas de clases.
Para Betsabé está claro: el Estado venezolano es el responsable de la deserción estudiantil. De acuerdo a cifras de la plataforma de monitoreo, la UCV pasó de 35 mil estudiantes en 2015 a 25 mil en 2019. Actualmente la deserción en la máxima casa de estudios del país alcanzó el 35 %.
Educación básica también en retroceso
La educación básica no escapa de la realidad que afecta a las universidades. Evangelina de los Reyes, madre de dos niños estudiantes, señaló que condiciones educativas durante la pendía fueron distintas. “Ya no tenemos el apoyo del profesor sino que somos mamás y papás profesores que no tenemos la educación ni preparación para eso”, dijo.
Tanto profesores como representantes reportan dificultades para impartir las clases bajo el formato a distancia, ya que no cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios ni con conexión a internet.
Monitor DESCA VE está conformado por A.C Consorcio Desarrollo y Justicia, A.C EmpoderaME y Gritemos con Brío. Esta semana las organizaciones realizaron el lanzamiento de un material audiovisual sobre la grave situación que vive el sistema educativo venezolano en la actualidad, producto de una política de Estado orientada hacia la desinversión y la falta de interés en el desarrollo del sector educativo en todos sus niveles.
Según Monitor DESCA VE, el deterioro del sistema educativo constituye una violación al derecho a la educación, que se encuentra enmarcado en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, materia en la que las organizaciones que lo conforman han formado a decenas de activistas de derechos humanos en el país.
