Dos comisarios jefes y otros ocho funcionarios con rango de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron destituidos por delitos como abuso de poder y torturas.
Según Infobae, uno de los comisarios jefes está presuntamente involucrado en el escandaloso robo a una empresa del estado Falcón y el otro en la detención, con tortura y muerte, de un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Cientìficas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). «Los dos eran jefes poderosos en las regiones, señalados de violar la ley, incurriendo en delitos graves y abuso de poder, acompañados de subalternos. Ambos funcionarios eran protegidos del teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim».
Con la Corte Penal Internacional (CPI) respirando encima, cualquier funcionario que comete delitos que agraven la posición de perpetrador de crímenes de lesa humanidad de la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es una molestia para el régimen venezolano.
Explica la funcionaria que “por disposición del Director General de Contrainteligencia Militar (MG Ej Iván Hernández Dala), y de acuerdo con los artículos 15 y 16 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Defensa, y de acuerdo a lo estipulado en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, fueron removidos del cargo los funcionarios de contrainteligencia militar mencionados en la lista”.
Destituidos los comisarios jefe Argenis Gregorio Linarez Márquez y Juan Bautista García Arocha, el inspector jefe Vincenzo Rocco Barreto, los subinspectores Joan Ventura Sandoval León y Karl Roiyer Just Patiño González, los agentes primero Deiby Mackey Medina Sánchez, Jacobo José Vargas Pérez y Freddy del Valle González Alfonzo, así como los agentes tercero Génesis Josefina González Correa y Génesis Irais Oropeza Santiago.
Granko Arteaga, jefe de la DAE, ha sido un obstáculo para que se haga justicia en los dos casos de Falcón y Apure: se opone a la detención de Linarez Márquez como también lo hizo en el de Bautista Arocha, ejerce presión en la administración de justicia y se niega a entregar documentos o datos que solicitan las autoridades.
