De acuerdo con la Policía, Rivera y otros dos hombres «se encontraban interfiriendo en la construcción que allí se lleva a cabo», específicamente por una torre de comunicaciones. Foto: Noticel.

Tres personas, entre ellas, el legislador José Rivera Madera, del opositor Partido Popular Democrático, fueron detenidas este miércoles mientras protestaban en contra de la instalación de una antena de telecomunicaciones en el suroeste de Puerto Rico.

Según detallaron las autoridades en un informe, Rivera fue detenido junto a otros dos hombres identificados como Jimmy Borrero Costa y Manuel Díaz Pérez en una manifestación llevada a cabo en la madrugada de este miércoles en la carretera 335 del barrio Indios en el municipio de Guayanilla.

Detenido legislador puertorriqueño

De acuerdo con la Policía, Rivera, Borrero y Díaz «se encontraban interfiriendo en la construcción que allí se lleva a cabo», específicamente por una torre de comunicaciones de 130 pies (39 metros) que ubicará la compañía Elite Towers LLC, colindante con varias residencias.

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Este caso será consultado durante el día de hoy con el fiscal de turno.

La Policía ampliará con más detalles del suceso durante el día.

A mediados de abril pasado, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sometieron las resoluciones del Senado 769 y 978 de la Cámara, que ordenan una investigación sobre el proceso de instalación y permisos de la torre.

Las medidas establecen que vecinos del área y líderes comunitarios «han expresado su oposición al establecimiento de dicha torre de telecomunicaciones porque pone en peligro la seguridad y la salud de residentes colindantes, y de las familias que utilizan la cancha bajo techo Aleida Ramírez González».

Además, según los líderes comunitarios, hay residentes dentro del radio de 100 metros medidos desde la torre de telecomunicaciones, que no fueron notificados por el proponente durante el proceso de permisos.

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Durante años, se han multiplicado las comunidades en Puerto Rico que han denunciado irregularidades en la entrega de permisos a la construcción de las torres de telecomunicaciones, y que reclaman que se apruebe una nueva ley que proteja a las personas y propiedades.




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