Ya no hay que llamarlo de otra manera. Cecilia Sosa, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia está segura de eso. El Gobierno de Nicolás Maduro se sostiene claramente sobre un sistema dictatorial al negarse a realizar cualquier proceso electoral en el país. Es una diferencia marcada con los 15 años del mandato de su mentor y antecesor Hugo Chávez, quien se relegitimaba cada año en comicios.
El diputado Héctor Rodríguez dijo recientemente que las elecciones pendientes no son prioritarias, unos días después fue el turno de su homólogo en la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, quien fue enfático al aclarar que no habrá algún proceso de consulta popular en un periodo muy largo. Y el mandatario nacional hizo lo propio al preguntar en su programa dominical “¿elecciones, qué es eso?”.
Se ha hecho cualquier cosa para evitar que los venezolanos usen el derecho al sufragio. “Nos secuestraron el revocatorio y ahora van por las regionales y las municipales”, alertó Sosa, para quien la posición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue determinante al sentarse en una mesa de negociación sin defender el referendo como la sociedad esperaba. “Fue un grave error”.
Actualmente, el diálogo no tiene cabida. “La verdad es que nunca existió”, fue solo un mecanismo que el Gobierno utilizó para calmar la calle, para desmoralizar a la MUD “y se cayó en esa trampa”.
Pero no todo está perdido. Aunque no está consagrada en la Constitución la ciudadanía puede exigir y presionar la convocatoria de unas elecciones generales como única vía para salir de la crisis. “El poder del pueblo tiene que manifestarse, no esperar que alguien lo haga por nosotros”.
EL JUICIO IMPOSIBLE
Para la exmagistrada es claro que el Ministerio Público (MP) es otra de las instituciones que funcionan desde Miraflores. De lo contrario ya habría iniciado una investigación abierta con contacto directo con entes de Estados Unidos que ayuden a esclarecer las acusaciones del Departamento del Tesoro contra el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami.
Se trata de un juicio imposible. Con un sistema de derecho eficiente ya estarían en curso las investigaciones a las empresas en Venezuela con las que se le vincula al funcionario en sociedad con Samark López, a las que por razones de jurisdicción el estado norteamericano no puede acceder.
Sosa insistió en que El Aissami debió separarse de su cargo para asumir su defensa dentro y fuera del país. “Pero hasta ahora solo hemos visto reaccione políticas. No ha admitido o desmentido si tiene propiedades en Estados Unidos p alguna sociedad con López”.
