Diez personas, incluidos cinco militares y el director del penal, fueron imputadas este miércoles por “homicidio”, “abuso de poder” y otros delitos relacionados con un motín en una cárcel de Venezuela que dejó 47 muertos el 1 de mayo, informó la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro.

Un teniente y cuatro sargentos de la militar Guardia Nacional fueron presentados ante los tribunales bajo cargos de “homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración (…) y abuso de poder”, anunció el fiscal ilegítimo Tarek Saab, en una declaración ante la prensa.

“No realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos” antes de los enfrentamientos armados, expresó Saab, asegurando que pudieron usar “gases lacrimógenos” o “hacer disparos al aire”.

La reyerta ocurrió en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare (estado Portuguesa, oeste), dejando “saldo conocido de 47 fallecidos” y más de 60 heridos, según la Fiscalía.

Saab señaló que cuatro reclusos identificados como “líderes negativos” dentro del penal fueron acusados por homicidio, en los mismos términos imputados a los militares, y tráfico de armas de fuego.

Al director del penal, herido en la revuelta, se le imputó como “cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios”, añadió el funcionario.

Mientras las autoridades reportaron un “intento de fuga masiva” de la prisión, con capacidad para 750 reclusos pero que alberga a unos 2.500, la diputada opositora María Beatriz Martínez dijo a la AFP que los reos protestaban porque no les habían permitido acceso a alimentos.

En las cárceles venezolanas es común que los reclusos reciban comida por parte de sus allegados, pero las visitas familiares están restringidas por la cuarentena declarada en marzo por el nuevo coronavirus.

En Venezuela hay unas 100.000 personas privadas de libertad, estiman organizaciones defensoras de los derechos de los presos. Unas 40.000 están recluidas en cárceles con capacidad para unos 30.000 reos y el resto, ante la falta de capacidad en los penales, está en centros de detención preventiva, en su mayoría comisarías policiales, donde el hacinamiento supera el 200%.

Los calabozos repletos son escenario frecuente de sucesos sangrientos.

El 24 de mayo de 2019 murieron 29 presos en un motín en una comisaría también del estado de Portuguesa y el 31 de diciembre de ese mismo año 10 reclusos fallecieron en un centro de detención en Cabimas, en el estado de Zulia (noroeste).

 




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