A través de un comunicado, el Comité Regional de Conflicto de Trabajadores en Lucha - Carabobo, rechazó la detención de tres dirigentes sindicales en el estado Bolívar, por el simple hecho de reclamar por el cumplimiento de los derechos laborales de la empresa que representan en la Corporación Venezolana de Guayana.
Se trata de los dirigentes Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera, quien según el comité, fueron mandados a detener por órdenes del presidente Maduro y el gobernador de Bolívar, Angel Marcano.
La dirigencia gremial y sindical de Carabobo le exige al gobierno y a los tribunales, liberación inmediata de estos dirigentes sindicales y de todos los que aún permanecen detenidos, entre otros Emilio Negrín, Omar Escalante (en Libertad pero le siguen juicio penal), Robert Franco y Javier Tarazona.
También le exige a la oficina de la C.P.I. instalada en Caracas la semana pasada, así como las organizaciones de la ONU y la CDCH OEA y a todos los organismos internacionales, que se pronuncien y se aboquen a esta denuncia por ser violatoria de los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Dirigentes carabobeños
“Hacemos un llamado a todos los gremios y sindicatos del país a unir esfuerzos para que esta atrocidad sea rechazada de manera clara y contundente en cada seno del gremio y sindicato, y acerque una repuesta homogénea frente al gobierno por estas detenciones arbitrarias y que no llevan a incentivar la paz laboral”.
Aseguran que estas acciones están enmarcadas en el plan del gobierno por hacer que el movimiento laboral venezolano retroceda en su justa lucha por mejores condiciones laborales y salariales, por las grandes mayorías que hoy mueren de hambre y por falta de atención médica, dado que las pensiones prácticamente son inexistentes.
“Mueren por falta de atención alimentaria y aumentan la pobreza de los más de seis millones de empleados públicos del país”.
El Comité Regional de Conflicto de Trabajadores en Lucha - Carabobo ( CRCTL- CARABOBO ) agrupa a dirigentes gremiales y sindicales de los sectores magisterial, salud, universitario, centrales sindicales, jubilados y pensionados, empresa privada, Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, empresas básicas del Estado, organizaciones de DDHH entre otros.
