(Foto diariorepublica.com)
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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

La justicia nunca ha estado de lado de ellos. Les ha dado la espalda aunque hicieron carrera apegada a ese valor con uniforme y placa de policía. Su culpabilidad en los hechos del 11 de abril de hace 15 años no ha sido demostrada. Aún así, siguen pagando condenas sin que se apliquen las medidas sustitutivas de libertad. Para ellos es un derecho negado. Son nueve hombres, los primeros presos políticos del Gobierno que enfrentaron el juicio más largo del país y ahora luchan contra un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo.

Todos los recursos legales han sido empleados por sus defensores. Theresly Malavé es una de las abogadas que lleva sus casos. Ella ya perdió la facultad de sorprenderse.Vivir la injusticia tan cerca así lo ha determinado. Para ninguno de estos ex funcionarios ha sido posible apelar al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que establece en la ejecución de sentencia el otorgamiento de medidas alternativas de cumplimiento de pena.

El agente Erasmo Bolívar, el inspector jefe Héctor Rovaín, el cabo primero Luis Enrique Molina, el sargento Julio Rodríguez, y los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas fueron condenados a 30 años la noche del 3 de abril de 2009 por la jueza Marjorie Calderón. Han pasado 14 años y ya debían gozar “no de un beneficio, sino de formas distintas de cumplir la pena verificando conducta del detenido con exámenes psicosociales y de buena conducta realizada por evaluaciones de equipos multidisciplinarios”.

Cinco veces han sido sometidos a pruebas de ese tipo. María Bolívar recuerda muy bien la que se le hizo a su sobrino, Erasmo Bolívar hace dos años. Fue después de una visita de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. “Ella prácticamente les dijo que ya habían cumplido su condena. Después yo fui a tribunales en Maracay, donde está la causa de ellos, y me dijeron que nada de eso iba a progresar porque faltaba una orden del alto Gobierno”.

Malavé lo explica: Con 1/4 de la pena pueden optar por el destacamento de trabajo, que consiste en salir a diario a cumplir funciones de empleado en alguna empresa y regresar a su centro de reclusión; con 1/3 les corresponde el régimen abierto en el que se le permite vivir en una casa alejada del lugar de los hechos; con 2/3 a libertad condicional con régimen de presentación en tribunales; y con 3/4 al confinamiento por trabajo y estudio.

María Pascastillo lleva muy bien las cuentas relacionadas con el caso de su esposo, el subcomisario Marcos Hurtado, quien recibió una pena de 16 años y 8 meses. El 15 de junio de 2007 se le venció el destacamento de trabajo, el 5 de noviembre de 2008 el régimen abierto, el 25 de junio de 2014 la libertad condicional, y el 15 de octubre de 2015 el confinamiento. “Tiene más de casi dos años en la cárcel de gratis”. Los cálculos del cabo primero Arube Pérez son similares, la diferencia la marca un año y dos meses — su sentencia fue de 17 años y 11 meses — y le correspondía el destacamento de trabajo el 30 de septiembre de 2007, el régimen abierto el 25 de marzo de 2009, la libertad condicional el 5 de marzo de 2015, y el confinamiento el 30 de junio de 2016.

A Bolívar, Rovaín, Molina y Rodríguez se les han vencido dos fórmulas: Destacamento de trabajo el 15 de octubre de 2010, y régimen abierto el 15 de abril de 2013. Mientras que los comisarios Forero y Vivas han debido reinsertarse al campo laboral el 3 de junio de 2012 y vivir en una residencia asignada desde el 3 de de diciembre de 2014. Simonovis también tiene las mismas dos medidas vencidas: la primera el 22 de mayo de 2012 y la segunda el 22 de noviembre de 2014.

Solo algunas medidas se han dado. Pero no han sido suficientes. Rodríguez, Forero y Vivas recibieron casa por cárcel en 2011, y Simonovis en septiembre de 2014. Todos por razones de salud están en sus casas. Pero podrían volver junto a los otros cinco ex Policías Metropolitanos, en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, si se determina que sus patologías han mejorado.

EL JUEGO DE LOS JUECES

Los familiares de los presos por los hechos del 11 de abril de 2002 ya perdieron la cuenta de la cantidad de jueces que han llevado el caso de los funcionarios. Pero hay uno en particular que recuerdan: Doménico Di Gregorio Rossi, quien fue destituido por el Gobierno como juez de primera instancia de control en Maracay. Todo por negarse a emitir órdenes de aprehensión contra los policías metropolitanos y enfrentarse a quien definió como el gran aliado de la injusticia en el caso: el fiscal de Ministerio Público, Danilo Anderson.

Ese fue el primer indicio de que sería un juicio viciado. “Eso sentó un precedente”, relató María Bolívar. El 22 de enero de 2003, tras las insistentes denuncias de Anderson que señalaban a Di Gregorio Rossi como parcializado y apegado a los intereses de la derecha, le llegó la baja. El abogado recuerda que en su cartera nunca hubo un carnet que lo identificara con ningún partido político, solo figuraba su credencial como funcionario de carrera desde 1985.

Los ajustes en el caso siguieron. Solo en 2016 el caso ha paso por las manos de tres jueces. “Duran poco porque no pueden tomar ninguna decisión sin que el Gobierno lo autorice”, aseguró María Pascastillo, esposa de Marcos Hurtado. Ada Marina Armas es la titular, pero está en comisión de servicio en Carabobo y la suple Javier Córdova, quien le ha manifestado a los familiares de los detenidos que no conoce bien el expediente y necesita tiempo para estudiarlo antes de aprobar o no cualquiera de las solicitudes de las fórmulas de medidas alternativas de cumplimiento de la pena.

Laura de Molina, esposa de Luis Enrique Molina, es tajante: “Esos derechos no han sido concedidos porque la juez no ha recibido órdenes, como nos dijo en diciembre, porque no le han dado instrucciones de Maduro, El Aissami ni de Cabello”.

PRESOS EN RÉPLICA

La libertad no está al otro lado de los barrotes. Familiares de los policías metropolitanos también se sienten presos. “Aunque estamos en la calle vivimos como en una cárcel con ellos en Ramo Verde”, dijo de Molina.

La última vez que Maximiliano Toro estuvo cerca de su hijo, Héctor Rovaín, fue en el funeral de su esposa hace casi cuatro años. Él sueña con volver a tocarlo, es invidente. La madre del inspector jefe murió esperando justicia.

Bony Pertíñez de Simonovis tiene a su esposo en casa desde hace dos años y medio. Pero no de la manera que quisiera, no de forma justa. Él no debe tener arresto domiciliario “es inocente”.

Ella no tiene esperanzas, no confía en el Poder Judicial. “No es independiente, no es imparcial, solo obedece órdenes, y es que los chivos expiatorios del 11 de abril sean los policías metropolitanos”. Lo más duro para Pertíñez es que nunca imaginó que la lucha sería tan larga. “Esto nos marcó como familia y todavía esta pesadilla no ha terminado”. Una de las cosas que más le preocupa son las heridas sentimentales de sus hijos.

La discriminación ha sido parte de la vida de Aruylis Pérez durante los últimos 14 años. Su papá, Arube Pérez, está en Ramo Verde. Ella se enteró de la detención en el colegio. “Me decían: tu papá está preso, es un asesino. Y no quise ir más a la escuela. Solo lloraba”. Años después no fue contratada en un trabajo por ser la hija de un preso político.

Este 11 de abril, en el 15 aniversario de la fecha que destruyó la vida de los funcionarios y sus familias, convocan a toda la colectividad a participar en un tuitazo nacional que demande la libertad plena de los primeros presos políticos del régimen de Hugo Chávez. Desde las 7:00 a.m., con #LibertadPoliciasMetropolitanos11A se intentará empezar a reivindicar la justicia en Venezuela

Paralelamente será lanzada la página www.policiasmetropolitanos11A.wordpress.com, la página en Facebook con el mismo nombre, y la cuenta en Instagram.




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