Después de acompañar en tarima al precandidato presidencial Gustavo Petro durante un mitin en Villavicencio, Meta, la exsenadora Piedad Córdoba se bajó a pedir que la Corte Suprema y la Fiscalía General la investigaran.
Según dijo ese domingo 16 de enero la ahora candidata al Congreso por el Pacto Histórico, es “víctima de un ataque de la ultraderecha y de una persecución política” de quienes insisten en vincularla con el barranquillero Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, preso en Miami.
Tras darle poder al exfiscal Eduardo Montealegre, solicitó que se abrieran indagaciones.
Y en plena recta final de la campaña para Congreso y Presidencia tendrá que empezar a asistir a diligencias a explicar hasta dónde llegan sus nexos con el extraditado y corrupto Alex Saab, que El Tiempo reveló desde hace dos años.
La sombra de Saab reapareció en el llamado ‘dosier ecuatoriano’ que el asambleísta de ese país Fernando Villavicencio le entregó hace 20 días al gobierno de Iván Duque. La primera declaración de Córdoba en la Corte sobre Saab, ficha clave de negocios y acuerdos oscuros del régimen de Maduro, estaba prevista para el viernes pasado
Cayita’ Daza y Uribe
Pero a la magistrada que le correspondió el caso –Cristina Lombana– le salió positiva la prueba de covid y se aplazó la diligencia. Por eso, Córdoba pudo ir a la posesión de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, del partido de izquierda Libertad y Refundación Libre.
Las que sí se realizaron fueron las diligencias del llamado expediente de la ‘Ñeñepolítica’. En diciembre, poco antes de salir de vacaciones, la Comisión de Acusación de la Cámara archivó la indagación contra el presidente Iván Duque por ese tema. Pero sigue abierta una preliminar en la Corte.
En efecto, el proceso que desencadenaron los audios entre el opaco ganadero José el ‘Ñeñe’ Hernández y María Claudia Daza, ‘Cayita’, asesora del expresidente y entonces senador Álvaro Uribe, se movió esta semana en el alto tribunal.
Entre el martes y el miércoles fueron indagadas varias de las personas mencionadas en las interceptaciones o interlocutores del ‘Ñeñe’ y de ‘Cayita’ Daza.
Una de ellas fue Nubia Stella Martínez, directora del partido Centro Democrático. Aparece hablando con ‘Cayita’ en un audio revelado por este diario, sobre un supuesto aporte a la campaña Duque del millonario venezolano Oswaldo Cisneros (por 300.000 dólares), que luego explicó que nunca llegó.
También pasaron por el despacho del magistrado Misael Rodríguez la viuda del ‘Ñeñe’ Hernández, la exreina de belleza María Mónica Urbina, quien negó tajantemente que su marido –asesinado luego en Brasil– tuviera nexos con la campaña de Duque o con Uribe.
Además, fueron escuchados miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Uribe, entre ellos ‘Cayita’, que ha optado por guardar silencio como estrategia de defensa en el proceso paralelo que sigue la Fiscalía.
“Ojalá se aclare este proceso, iniciado hace 2 años, sobre compra de votos con el Ñeñe Hernández, tema ajeno a mi vida política”, escribió Uribe en sus redes el pasado martes.
Pero estos no son los únicos expedientes judiciales, ya sea en indagación o incluso en etapa de juicio, que involucran a grandes jugadores de la política, que se seguirán moviendo judicialmente en estos cuatro meses cruciales de la agenda electoral.
El expediente por presunto fraude procesal y soborno a testigos contra Uribe, que saltó de la Corte a la justicia ordinaria, también empató con los comicios.
El 5 de marzo, 8 días antes de las elecciones para Congreso, está previsto que Uribe (quien volvió a la arena política para buscar el respaldo a los candidatos de su partido) exponga su defensa. Para ello, pidió dos sesiones completas.
La Fiscalía ya solicitó la preclusión del caso, decisión favorable a Uribe que está alternando las audiencias con sus correrías políticas por el país.
Otro proceso que volvió a moverse este año es la indagación preliminar contra el expresidente del Congreso, Arturo Char, miembro de la poderosa casa Char de la Costa, quien busca repetir curul en el Senado bajo la sombrilla del partido Cambio Radical.
Reaparición de Merlano
En enero de 2020, la Corte Suprema le abrió indagación por presunta corrupción electoral y su supuesta participación en la fuga de la condenada excongresista Aida Merlano, señalamientos que él ha negado tanto en la versión libre que rindió como en declaraciones públicas.
Pero, tras varios meses de silencio, el miércoles 19 de enero la fugitiva Merlano –protegida en Venezuela por el régimen–, reapareció. Pidió en una carta ampliar su declaración contra Char y Laureano Acuña, quien también está en campaña reeleccionista por el Partido Conservador.
La Corte reprogramó la diligencia luego de que Merlano dijo que estaba siendo amenazada: será virtual, el 31 de enero. Y el escándalo de Odebrecht también tendrá un capítulo definitivo en los próximos meses.
Los brasileños de Odebrecht
Tal como lo reveló El Tiempo, en febrero se reactivará el expediente por los supuestos movimientos de dinero que habrían ingresado a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.
El abogado Iván Cancino, apoderado de Andrés Sanmiguel, uno de los procesados, buscará que políticos ligados a la campaña y exdirectivos de Odebrecht en Colombia cuenten qué saben de ese capítulo.
Para el 4 de febrero está citada la audiencia de continuación de acusación contra Sanmiguel; su esposa, Edna Karina Méndez; Esteban Moreno, David Portilla y Ricardo Rey Pulido.
El efecto Odebrecht también llevó esta semana al Centro Democrático a salir a defender a uno de sus candidatos: Daniel García Arizabaleta. El aspirante al Senado apareció mencionado en el expediente, pero su partido asegura que no tiene ningún tipo de inhabilidad.
Fajardo y Hernández
El precandidato por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, también está pendiente de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el fallo de segunda instancia de la Contraloría General que condenó fiscalmente a 26 personas por las irregularidades en la megaobra de Hidroituango, entre ellos a Fajardo.
Aunque el pasado viernes la Contraloría dijo que, tras el pago de las pólizas, el daño fiscal había quedado subsanado, y por ende cualquier inhabilidad, aún hay una discusión que no se ha zanjado.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está planteando ahora que a la suma total se le debería hacer un reajuste correspondiente al valor del dólar en ese momento.
Con el pronunciamiento de la CIDH, que se espera antes de la primera vuelta presidencial (el 29 de mayo), Fajardo busca eliminar cualquier tipo de talanquera legal para su carrera a la Presidencia, incluida la que plantea Quintero, que representa el mayor paquete accionario en EPM, a nombre del municipio de Medellín.
También quedó aplazada una audiencia contra el candidato independiente Rodolfo Hernández, dentro de un caso por presunta celebración indebida de contratos. Está relacionado con una millonaria consultoría para implementar nuevas tecnologías en el manejo de basuras del relleno sanitario El Carrasco, cuando era alcalde de Bucaramanga, Santander.
Un juez determinó que el proceso se reanude el 23 de febrero para una verificación de los elementos materiales probatorios. Y de manera paralela, la Procuraduría le abrió una investigación al candidato, por modificaciones en la planta del municipio, mediante decreto.
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