La Junta Administradora de PDVSA Ad Hoc que es el equipo designado por Guaidó para dirigir a la empresa, o por lo menos a la parte de esta que no está bajo el secuestro de la tiranía, emitió un comunicado donde informa que el 14 de enero de 2021 la Corte del Distrito de Delaware ordenó un proceso de consultas respecto a la venta de las acciones de CITGO para pagarle a Crystallex el monto de la condena que dictó el CIADI por 1.200 millones de dólares, y que el objeto de dichas consultas consiste en buscar un mecanismo que minimice el impacto que dicho pago produzca sobre el control que hasta ahora mantenemos sobre CITGO. Dicho comunicado evidencia que la única opción que se considera es que hay que pagar la mencionada sentencia, que estamos rendidos ante la arbitrariedad, ante el asalto, que ella significa.

MI OBJECIÓN A LA LÍNEA ASUMIDA POR PDVSA Ad hoc
Esa sentencia del CIADI es producto de un fraude en el cual están coludidos los demandantes con los árbitros que la dictaron por lo que debieran ir a la cárcel en vez de estar buscando como satisfacer ese atraco al país. Partiendo de eso digo que en vez de estar buscando como pagar lo que debiéramos es usar todos los mecanismos legales aún a nuestro alcance para anularla, mecanismos que están a la vista, que los he expuesto en varios artículos e incluso en tres demandas que ya hace 8 meses interpuse ante la Sala Constitucional del TSJ legítimo, pero lamentablemente no están siendo procesadas.

RAZONES POR LAS QUE SOSTENGO QUE ESA SENTENCIA ES UN FRAUDE–Venezuela no tuvo representación legal en ese proceso. Quien apareció ante el CIADI como representante judicial de Venezuela fue el abogado de Maduro, un usurpador, es como el caso donde un abogado en un juicio se presenta a actuar en nombre de una de las partes usando un poder falso.
He explicado muchas veces públicamente que es causa de nulidad de esa sentencia la falta de representación legítima Venezuela como parte demandada, y tanto es así que la propia Asamblea Nacional ha reconocido y denunciado persistentemente ese hecho mediante tres Acuerdos que se han producido en fechas 16/11/2016; 12/09/2018 y 19/03/2019 y en éstos se ha denunciado y alertado a la comunidad nacional e internacional la mencionada ilegitimidad y consiguiente usurpación de funciones. Resulta extremadamente grave que siendo esa irregularidad un poderoso motivo para perseguir la nulidad de la sentencia no lo hayamos peleado y ahora estemos rendidos buscando el mejor modo de pagarla. Esa fraudulenta sentencia no se ha ejecutado gracias al gobierno norteamericano que dictó una Orden Ejecutiva que ha venido ratificando pero que además de no poder ser eterna pudiera ser suspendida en cualquier momento de acuerdo con los avatares de su política interna o de un dictamen de un juez.

–El CIADI no se creó para satisfacer el negocio de la usura que es lo que en este caso está ocurriendo.

La empresa Crystallex originalmente se declaró perjudicada por la expropiación decretada por Hugo Chávez y demandó a Venezuela por resarcimiento de los daños y perjuicios y exigió la suma de 1.239.632.217 millones de dólares. En medio del proceso vendió los derechos litigiosos a una empresa de aquellas a las que en el similar caso de Argentina se denominaron “Fondos Buitres” que tienen el negocio de comprar juicios a precios irrisorios para luego cobrar sumas muy superiores. En este caso la representante de la demandante original Crystallex dio en venta el juicio a una firma de New York denominada Tenor Capital Management en el año 2012 por la suma de 76 millones de dólares, pero en esa operación se mantuvo la apariencia de Crystallex como parte demandante y así siguió el juicio, un engaño, con esa Tenor Capital Management como una “Hidden plaintiff” o “demandante escondida” lo cual es contrario al Convenio CIADI, a sus Reglas y Reglamento.

Ahora esa empresa camuflada bajo la denominación legal de Crystallex fue la que siguió el ilegal proceso que terminó en una condena contra Venezuela por la suma antes citada y la misma que está persiguiendo el pago que constituye una ilícita, escandalosa y grosera ganancia, y lo cual además quiere decir que en verdad los presuntos daños a Crystallex fueron esos 76 millones y no 1.200 millones por la que nos demandó y se nos condenó. ¡Todo un escandaloso fraude!!

¿PORQUÉ ESO NO SE HA PELEADO?
Viendo la inercia de las autoridades a las que corresponde atender este caso me dispuse a hacer algo al respecto, en fecha 3 de agosto 2020 interpuse una demanda de amparo por ante la Sala Constitucional del TSJ legítimo donde expliqué mas o menos lo mismo que aquí estoy explicando y entre otras medidas pedí 1) que se declare la nulidad del fraudulento Laudo arbitral.2) que se dicte una medida cautelar ordenando la suspensión de su ejecución. 3) que se notifique a la Corte de Delaware de la decisión. 4) que se inste al procurador Enrique Sánchez Falcón para que gestione ante dicha Corte la suspensión del proceso de ejecución del fraudulento Laudo. Hice lo mismo respecto a los casos de ConocoPhillips y Owens Illinois, en total interpuse tres demandas.

¿LOS MAGISTRADOS ESTÁN EN HUELGA?
Pero han transcurrido 8 meses y esta es la fecha que la Sala Constitucional no ha tramitado la acción, de hecho se encuentra en huelga de brazos caídos porque Guaidó no paga los honorarios de los magistrados, y aún cuando en realidad tienen derecho y motivos para tal exigencia creo que no pueden seguir así, que esto es un asunto de alto interés nacional, yo tampoco estoy recibiendo nada por hacer ese trabajo que voluntariamente he asumido, lo hago por cumplir con mi deber ciudadano por lo cual con el respeto debido exijo a los señores magistrados que le den el trámite de ley a dicha acción con la urgencia del caso a ver si todavía nos alcanza el tiempo de salvar a Venezuela de ese robo pues de lo contrario también tendrán su cuota de responsabilidad.

ADVERTENCIA
Existiendo recursos legales para luchar contra ese asalto que se cierne sobre el país, es deber ineludible ejercerlos, agotarlos hasta el último suspiro, rechazo eso de poner como única salida la de buscar modos de pagar una sentencia escandalosamente formada con artificios y en lo cual se está coincidiendo con un fuerte lobby que están haciendo en Washington los pretendidos acreedores, esos “fondos buitres” para que se suspendan las medidas ejecutivas y se pueda dar curso a las medidas de embargo.

La parálisis en accionar medios defensivos aún disponibles mata el argumento de que el único culpable de ese desastre fue Chávez, pues habría que agregarlo otros nombres a tal aserto.

Es de advertir que dicha medida ejecutiva que nos está protegiendo está próxima a vencerse, eso ocurrirá el 21 de julio 2021 y no hay certeza de que se prorrogará, no lo sabemos. Con eso concluyo: CITGO pende de un hilo.!

QUIEN DESEE VER MI DEMANDA
Puede hacerlo mediante este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1vbUmQweqMgmfZAXK8p2n6HXFdPn21eNx/view?usp=sharing

Carlos Ramírez López @carlosramírezlópez

 




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