En la incesante retahíla del saqueo continuado a que Venezuela ha estado sometida, se suma el caso del Deutsche Bank AG de Alemania donde Maduro hizo depositar 20 toneladas de oro para garantizar un préstamo de 750 millones de dólares que tomó en el año 2016, acto absolutamente ilícito, ya que no cumplió con el requisito constitucional de someterlo al control previo del legislativo. Aquel préstamo se contrató bajo una modalidad muy compleja, denominada Swap o permuta financiera, que permitió al banco la ejecución por mano propia por incumplimiento, es decir, sin necesidad de entablar un juicio para quedarse con el oro dado en garantía.
Se descubrió un juicio secreto
Maduro se robó ese dinero. No pagó al banco y éste ejecutó el contrato apropiándose del oro, cuyo valor para ese momento sobrepasó la suma adeudada, quedando entonces un remanente de 123 millones de dólares a favor de Venezuela. El dictador quiso raspar la olla y exigió que se le entregara ese remanente, y para ello entabló una demanda ante una Corte de Londres. Ese juicio se mantuvo en secreto hasta que fue revelado por la agencia de noticias Bloomberg que lo hizo público como puede verse en el enlace adjunto donde además se informó que la juez se pronunció en el sentido de que primero va a determinar si en verdad el régimen de Maduro estaba legitimado para proponer dicha demanda y para recibir el dinero.
El diputado José Guerra lo sabía
La negociación con el oro se supo desde mucho antes. El diputado José Guerra, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional 2015, en su propio nombre y en el del parlamento se comprometió a actuar respecto a dicha negociación. El 5 de junio de 2019 enfáticamente declaró a la prensa que “la Asamblea va a definir pronto cuál es la estrategia para seguir allí por cuanto la ejecución de la garantía se realizará efectivamente y en tal caso el Deutsche va a vender el oro y se va a cobrar”
No hicieron nada para detener aquel robo
El diputado Guerra no cumplió aquel compromiso, no hizo nada para atacar aquel hecho delictivo que estaba en curso y eso que para la fecha en la que asumió públicamente aquella promesa ya se contaba con un “procurador especial” que había sido designado el 27 de febrero de 2019, a quien la Constitución confiere la responsabilidad de la defensa de los bienes patrimoniales de la república.
Luego, asombrosamente, el diputado Guerra redujo el tema a la siguiente interrogante: ¿A quién le va a entregar el Deutsche Bank esos 123 millones de dólares, a Maduro o a Guaidó? Una inaudita simpleza que -intencionalmente o no- implicaba la renuncia a la impugnación de dicho contrato radicalmente infectado de nulidad por haber sido concertado por un régimen ilegítimo y sin pasar por la necesaria aprobación de la Asamblea Nacional. El diputado redujo el problema a la lucha por las sobras de aquel festín, el “remanente” de 123 millones de dólares del gran pastel de 20 mil kilos de oro robados a nuestras reservas internacionales.
El banco que usó Maduro para este robo
El historial del banco alemán involucrado en este caso, el Deustche Bank AG acumula un grueso historial de ilicitudes que le han ocasionado más de 7.000 conflictos judiciales por transacciones delictivas tanto en Alemania como en Estados Unidos.
El prestigioso The Wall Street Journal le ha dedicado mucha atención publicando algunos de esos conflictos que incluyen espionaje, violación de sanciones y lavado de dinero. En el año 2015 ese banco fue multado por cerca de 5.000 millones de dólares por autoridades financieras de Estados Unidos. También autoridades británicas le impusieron multas por más de 200 millones de euros y emitieron declaraciones públicas condenando sus actos.
En 2007 el Departamento de Justicia norteamericano le impuso otra multa por 7,2 millones de dólares por transacciones con títulos hipotecarios ilícitos. Es una larguísima lista de multas las que le han impuesto en distintos países por ese delictivo historial que incluye sanciones por involucrarse en negocios prohibidos con Irán y Siria, entre otros, donde también resaltan grandes multas del año 2017, por practicar lavado de dinero proveniente de Rusia.
Con esos antecedentes lucía probable que una ofensiva judicial y política de nuestro lado, dirigida a anular ese negociado ladrón de Maduro en vez de centrarse en recoger sus sobras, pudiera tener éxito, pero inexplicablemente no se hizo tal cosa. Tal inactividad genera responsabilidades por omisión a quienes, teniendo la obligación de actuar para impedirlo, no lo hicieron.
Y no es el único caso, hay otro
Más adelante abordaré el otro caso que estuvo siendo procesado por la Corte de Comercio y Propiedad de Inglaterra y Corte Comercial de Gales (QBD) entre el Banco Central de Venezuela de Maduro y el Bank of England (BoE), se trata de otra demanda que por 930 millones de euros entabló el dictador sobre otro depósito de oro venezolano que había escondido en el banco inglés utilizando para ello el nombre del Banco Central de Venezuela.
