El nuevo tribunal supremo de Cilia Flores & Diosdado Cabello

Cilia Flores, la “primera dama” es en realidad quien con mano de hierro lleva el control del tema judicial en Venezuela, eso es comidilla en tribunales, pero además así ha quedado ratificado en los resultados de la designación de magistrados pues a Cabello, quien pugna por la cuota del “cómplice necesario”, le concedió algunos puestos, pero ella se impuso. Por nada del mundo cedió en abrirle un espacio en sala constitucional que es “donde se bate el cobre”, la instancia super poderosa que puede desde asumir las funciones constitucionales propias del poder legislativo, hasta anular y cambiar resultados electorales e incluso modificar a la misma constitución y leyes con sentencias “interpretativas vinculantes” para todas las personas e instituciones que hayan formado parte o no del litigio particular donde se emiten (erga omnes), que se dictan sin contención y con gran inmediatez.

EL PRIMER ENCARGO QUE CUMPLIRÁ ESA SALA: “ORDENARÁ” A MADURO EL RETIRO DEL TRATADO “ESTATUTO DE ROMA” Y CON ELLO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Venezuela fue retirada por Hugo Chávez del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como retaliación por la sentencia por la cual la CIDH ordenó la reincorporación de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, doctores Juan Carlos Apitz Barbera, Perkins Rocha Contreras y Ana María Ruggeri. El motivo fue que estos magistrados emitieron una sentencia que concedió un amparo contra un acto administrativo que había negado registrar un documento de compra venta. El 5 de agosto de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que: “El Estado debe reintegrar al Poder Judicial a los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y a la señora Ana María Ruggeri Cova”.

La respuesta fue dada primeramente por la Sala Constitucional que entonces presidía Luisa Estela Morales, por sentencia del 18 de diciembre del mismo año 2008 con el que en la práctica anuló el fallo de la CIDH y además exigió al Poder Ejecutivo (a Chávez) retirar a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cuya dispositivo fue el siguiente:

“Por lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:1) INEJECUTABLE el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó la reincorporación en el cargo de los ex-magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades de dinero y a las publicaciones referidas al sistema disciplinario de los jueces. 2) Con fundamento en el principio de colaboración de poderes (artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar este Tratado o Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el fallo objeto de la presente decisión”.

VER:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1939-181208-2008-08-1572.HTML
Posteriormente, en fecha 25 de febrero de 2010, Hugo Chávez anunció el retiro de Venezuela de la CIDH, y el entonces Canciller, Nicolás Maduro Moros declaró: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”.

Ahora, ante una posible autorización de la Sala de Preliminares al Fiscal Karim Khan para proceder por sí mismo a dar continuación al proceso de investigaciones pendientes, lo más probable será que esta Sala Constitucional de Cilia Flores “ordene” al gobierno de Maduro la retirada de Venezuela del Tratado Estatuto de Roma y con ello de la Corte Penal Internacional. Sería el “Plan B” del régimen ante el fracaso de las gestiones de la ahora de nuevo magistrada Gladys Gutiérrez en su condición de embajadora ante dicha Corte y nuevamente colocada a la cabeza de dicha Sala.

EN EL TSJ, DE 32 MAGISTRADOS, LO REDUJERON A 20
El plan que denominado “revolución judicial” estuvo dirigido fundamentalmente a tratar de remozar esa instancia ante los ojos de la Corte Penal Internacional para simular que en Venezuela se cuenta con un propio sistema de justicia que haría innecesaria su intervención directa, y que a lo sumo aceptarían esa “asistencia” técnica” que se anunció en el Memorándum de Entendimiento (MoU) que se firmó en Caracas con el Fiscal Karim Khan.

ESTALLÓ LA BOMBA DE PEDRO CARREÑO
Todo les iba saliendo como lo habían planeado, pero estando ya al borde del punto final que era la designación de los escogidos para ocupar los 20 puestos de magistrados a los que se redujo al tribunal, les estalló una rebelión, Pedro Carreño, mano derecha de Cabello, a quien le estaban negando incluir sus piezas, los generales Juan Hidalgo Pandares y Henry José Timaure, conversando en un programa de televisión denunció que en Venezuela se había acabado, no existía, el litigio judicial pues dos personas a la sombra eran las que dictaban las sentencias, las denominó “las magistradas 33 y 34”. Esto generó la paralización del nombramiento de los magistrados.

VER: https://youtu.be/N384wG7umOw

Como se sabe, el gobierno tenía el 16 de abril como fecha límite para llevar al Fiscal Khan el informe sobre el funcionamiento de la justicia nacional en general y respecto a los casos objeto de las denuncias en particular y allí tenían la meta de presentar la exitosa terminación del proceso de actualización ejecutada con la “revolución judicial” con la recomposición del tribunal supremo, pero frustrado ese plan por la antes comentada denuncia de Pedro Carreño, lo que llevaron a La Haya fue mas de lo mismo que antes habían estado suministrando, nada nuevo. El Fiscal así lo comunicó a la Sala de Preliminares que es el tribunal de la CPI que controla sus actos, y le solicitó autorización para continuar por sí mismo con las investigaciones.

LO QUE FINALMENTE HICIERON CON EL TSJ
Si algo evidencia la perversión del sistema judicial que existe en Venezuela fue el acto final de esa malhadada “revolución judicial” que consistió en el nombramiento de los magistrados, un total desastre, pues aparte de la truculenta manera de su escogencia y de las vinculaciones políticas de los seleccionados, la mayoría (60%) ya estaba ejerciendo el cargo agotando el lapso fijado para ello en la Constitución.

El artículo 264 de la CRBV fija un límite máximo para el ejercicio del cargo: “Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son elegidos por la Asamblea Nacional. Tienen una duración en sus cargos de doce (12) años, por un único período”. Y en este caso 12 de los 20 magistrados son repitientes, por lo que ya agotaron ese límite. De tal manera que haciendo abstracción de las otras razones como por ejemplo la ilegitimidad de esa asamblea nacional que los designó, este acto es nulo en razón al lapso ya consumido en el ejercicio de esos cargos, nulidad que por supuesto también abarca las decisiones que emitan estos “magistrados repitientes”. Entre los incursos en esta irregularidad está la presidente Gladys Gutiérrez, quien además presenta un largo historial de abusos en el ejercicio del cargo así como en oscuras maniobras en la formación de su historial académico, entre otros.

Cabe la pregunta ¿con cuál autoridad moral estos magistrados pueden ser jueces constitucionales si estarán ejerciendo gracias a una grosera violación a la Carta Magna?

LOS DOS GENERALES DE LA CUOTA CONCEDIDA A CABELLO:

1. UN EX FISCAL MILITAR QUE HIZO PROCESAR A CIVILES AHORA ES MAGISTRADO: Juan Hidalgo Pandares, designado magistrado de la sala político administrativa, se venía desempeñando como Fiscal General Militar y como tal denunciado por violaciones a derechos humanos y por haber inconstitucionalmente sometido a la jurisdicción militar a civiles, estudiantes que participaron en protestas. Esa fiscalía basándose en el Código de Justicia Militar produjo imputaciones a civiles apresados en protestas. Los delitos más comunes imputados fueron rebelión militar y ultraje y/o ataque al centinela.

2. 2) UN EX PRESIDENTE DEL CIRCUITO PENAL MILITAR Y DE LA CORTE MARCIAL con un historial de abusos con haber sometido a civiles a la jurisdicción militar fue nombrado magistrado de la sala civil.

EN CUANTO A LA SUPERPODEROSA SALA CONSTITUCIONAL

La sala constitucional se redujo de 7 a 5 magistrados, Cilia Flores colocó allí a su alfil Gladys Gutierrez quien desde cuando Chávez ha venido ocupando una gran cantidad de altos cargos y hasta ahora ha sido la embajadora del régimen ante la CPI. Cilia también se llevó para esa sala a Tania D’Amelio, una activa dirigente del partido de gobierno que ejerció el cargo de diputada a la AN en dos períodos. Es dueña de un largo historial de actividades ilícitas tanto que fue sancionada por el gobierno de Panamá dentro de una lista de funcionarios venezolanos consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Etcétera. Los otros que forman este equipo de Cilia Flores en la Sala Constitucional son Calixto Ortega, Lourdes Suárez Anderson y Luís Damiani Bustillos.
Cilia tampoco permitió que sacaran a Maikel Moreno de la sala penal como muchos lo pedían, ella pago su lealtad para con la tiranía y se resteó a su favor para que aunque fuera se le dejara en el puesto de magistrado raso.

En sala social Cilia echó a Marjorie Calderón -la que tramitó el amañado juicio contra los policías del 11 de abril, entre éstos a Iván Simonovis, para meter a su ex cuñado Edgar Gavidia, un personaje que ocupó titulares por haberle dado unos tiros a la esposa. También permitió que sacaran a Marisela Godoy (AD Ramos Allup) para sustituirla por José Luís Gutiérrez, hermano de la otra AD, la de los denominados “alacranes” de Bernabé.

…Y ASÍ CONCLUYÓ LA “REVOLUCIÓN JUDICIAL”

Así concluyó el teatro de la revolución judicial organizado para tratar de engañar al Fiscal de la Corte Penal Internacional. Se le quiere hacer creer que en Venezuela hay todo un proceso dirigido al objetivo de la denominada “Complementariedad positiva” establecido en el Estatuto de Roma según el cual las actividades de investigación y enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte se harían en el territorio y con las autoridades judiciales nacionales si en el país existiesen las condiciones para ello, es decir un poder judicial independiente e imparcial así como medios policiales para la investigación que ordenara y dirigiera un Ministerio Público en las mismas características.

¿SE TRAGARÁ ESTA BURLA EL FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL?

Por otra parte, como lo he denunciado antes, la inexistencia de una administración de justicia real en el país se palpa también en los tribunales de instancia, esos que están por debajo del escalón que ocupa el tsj. Son 2000 jueces irregulares que sin calificaciones ni méritos han sido nombrados arbitrariamente por esa estructura paralela que ha destruido el concepto de justicia. Tanto que inclusive lo denunció José Gregorio Correa uno de los integrantes -el vicepresidente- de este “comité de postulaciones” quien dijo que “los grandes problemas de la justicia venezolana no se concentran en el máximo tribunal del país, sino en los tribunales menores, donde ‘pequeños jueces abusan del derecho como si fueran los dueños de la justicia, hay cosas que ocurren que en el TSJ nunca se enteran”.
Ahora el Dr. Karim Khan tiene la palabra