Un grupo de especialistas en materia de elecciones presentó una hoja de ruta crítica para rescatar la confianza en el voto en Venezuela. Durante un foro de la asociación civil Alianza por Venezuela en Argentina, los expertos urgieron a las fuerzas políticas a pactar la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).
El pilar de esta propuesta radica en la creación de un Estatuto Electoral Especial, una norma transitoria que regule exclusivamente los comicios de la transición.
Eugenio Martínez, director de Votoscopio, aclaró que este estatuto busca proteger la autonomía del ente comicial. La norma definiría con claridad las responsabilidades del CNE y, sobre todo, impediría que organismos externos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interfieran o bloqueen el proceso de unas eventuales elecciones.
Inclusión de la diáspora y observación global
La actualización del Registro Electoral constituye otra prioridad urgente. Gabriela Hernández, coordinadora en la ONG Súmate, denunció que las trabas burocráticas excluyeron masivamente a los venezolanos en el exterior durante las elecciones de 2024. Los expertos estiman que al menos 4 millones de migrantes requieren inscribirse o actualizar sus datos en consulados para ejercer su derecho.
Por su parte, Eduardo Repilloza, de Transparencia Electoral, insistió en que el nuevo proceso debe abrir las puertas a la mirada internacional. El plan contempla la invitación formal a la Unión Europea (UE), la OEA, el Centro Carter y expertos de la ONU, además de fortalecer la contraloría de las organizaciones nacionales.
Libertad ciudadana
Griselda Colina, representante de la Red Electoral Ciudadana, llamó a la sociedad civil a movilizarse para imponer estas garantías en la agenda pública. Subrayó que unas elecciones libres exigen también el fin de la censura mediática para que los ciudadanos decidan con información veraz.
Finalmente, el consultor político Luis Peche vinculó la competitividad electoral con los derechos humanos. Peche afirmó que el avance hacia la democracia requiere la liberación inmediata de los más de 500 presos políticos y el retorno seguro de los exiliados, incluyendo a la líder María Corina Machado. Asimismo, exigió la anulación de las inhabilitaciones políticas y la devolución de las tarjetas de los partidos que hoy permanecen bajo intervención judicial.
