(Foto: Carlos Trestini)

Han pasado cuatro años desde que los jóvenes activistas de Voluntad Popular, Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado fueran detenidos por protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro. De un plumazo se eliminó un derecho humano. El derecho a disentir y pensar distinto, destacó el abogado defensor Omar Mora Tosta. Lo que, a juicio del jurista, se ha institucionalizado la protesta pacífica como un delito en Venezuela.

Mora Tosta recordó que la protesta pacífica es un derecho consagrado en la Constitución de la República. No es posible que por expresar su descontento con un megáfono y una cruz de madera, estos jóvenes hayan sido condenados a ocho años de prisión, destacó. De manera absoluta se ha violado el derecho al debido proceso, alertó.

Los jóvenes fueron los primeros condenados en Venezuela por protestar en 2014, indicó la defensa. Cuatro años después muestran un deterioro en su estado de salud. Alexander Tirado se encuentra en el penal de Tocuyito en Valencia y presenta una afección cardíaca, por lo que debería salir en libertad bajo medida humanitaria, explicó el abogado.

Raúl Emilio Baduel, también presenta afecciones de salud tras cuatro años de torturas y maltratos. Mora Tosta informó que los detenidos han corrido peligro y han sido en reiteradas ocasiones trasladados a diferentes centros penitenciarios del país. Son los que han recorrido más cárceles que cualquier otro preso político, resaltó.

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Aragua, Adriana Pichardo visitó el estado Carabobo en apoyo a los familiares de los detenidos tras cuatro años de injusticia. “Estamos acá en apoyo a esos dos jóvenes, que, desde Voluntad Popular nos sentimos profundamente orgullosos por haber pasado cuatro años en resistencia, por no haberlos podido doblegar a pesar de las torturas, maltratos y traslados. Ya basta de tanta impunidad”, resaltó la parlamentaria.

MALTRATOS Y TORTURAS

Desde su detención ilegal, los activistas fueron trasladados al penal de Uribana donde fueron torturados desde el primer momento en que llegaron, narró su defensa. Fueron golpeados brutalmente mientras estuvieron encadenados a un tubo. Fueron agredidos reiteradamente por todo sus cuerpos con el “Comenalgas”, un bate con un extremo liso, explicó el abogado. Los golpes, especialmente debajo de la cintura, provocó que los detenidos no pudieran sentarse. “Tenían las nalgas moradas” expresó, al tiempo que comentó que en las audiencias hicieron que los activistas se desnudaran para que los jueces vieran todo lo que les habían hecho, pero ninguno de esos jueces tomó cartas en el asunto. Permitieron que esta violación a los derechos humanos prosiguieran, enfatizó.

En Uribana, fueron desnudados y acostados en una cancha al mediodía, lo que produjo quemaduras en sus genitales. Todo esto fue documentado, recordó.

HUMILLACIÓN 

Durante este tiempo, para Baduel y Tirado alimentarse representaba un acto de humillación. En prisión, en un espacio de dos por dos y con 30 personas donde todos en el lugar hacían sus necesidades, les servían la comida caliente en sus manos, para que al quemarse se cayera la comida y así verlos comer del suelo como animales, narró el abogado defensor. Perdieron entre 25 y 30 kilos cada uno, comentó.

Los actos humillantes no es sólo para los detenidos, sus familiares también padecen actos vejatorios cuando van a visitarlos. Así de denunció Marian Hernández , prometida de Alexander Tirado. “A todas las mujeres nos desnudan, nos obligan a abrir nuestras partes íntimas, a pujar, a toser, con el fin de verificar que no tengamos una granada o armas dentro de nuestras vaginas”, narró Hernández. Cuando fui a la visita del domingo me obligaron a sentarme desnuda al lado de cuatro mujeres desconocidas y saltar hasta seis veces, fue denigrante la situación, denunció.

En la actualidad los activistas se encuentran detenidos de forma separada. Alexander Tirado está recluido en el penal de Tocuyito en Valencia, estado Carabobo y Raúl Emilio Baduel en el Cerra del estado Aragua, son acusados de instigación pública e intimidación con artefactos explosivos.




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