En condiciones infrahumanas sobreviven 70 presos en tres calabozos de la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Santa Mónica.
Los procesos judiciales, como audiencias preliminares y juicios, están paralizados por la cuarentena decretada debido al COVID-19.
En la dependencia hay 64 hombres y 6 mujeres. 68 son procesados y dos tienen sentencia firme. En esas celdas, dispuestas para que un preso permanezca solo 48 horas, ya que luego de ser presentado en tribunales debe ser llevado al sitio adecuado de detención decretado por el juez, aunque hay detenidos que llevan más de 4 años recluidos.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destacó que se violan los derechos humanos de los presos, confinados en espacios reducidos, sin acceso al aire libre, sin luz solar, sin agua potable, sin atención médica, y otras carencias, por lo que exige que les hagan una evaluación médica inmediata.
Familiares denunciaron que hay presos enfermos, que presentan fiebre, dolor de cabeza y afecciones en piel. Hay un enfermo con tuberculosis y temen que se desate un contagio masivo. Dicho interno había sido tratado con medicinas, presumían que se había curado pero le volvió la enfermedad.
Hay un preso que sufrió parálisis facial y no ha sido posible conseguir una orden para ser evaluado por un médico. Le duele la cabeza, tiene un ojo cerrado y sus compañeros de celda le hacen fisioterapia.
El 13 de junio trasladaron al hospital a Raúl Gelder (34) y murió. Tenía un absceso en un costado, comenzó a presentar fiebre, se le durmió un brazo y todo indica que lo trasladaron tardiamente.
Gelder era de Guarenas y tenía un año y tres meses preso, esperando la audiencia preliminar.
Los internos duermen en el piso y los más «afortunados» lo hacen colgados en una especie de hamacas confeccionadas con sábanas, llamadas «camas aéreas».
