La zozobra es el pan de cada día de los habitantes de los 12 municipios de la región de Catatumbo (Norte de Santander), donde hoy se concentran múltiples actores del conflicto armado, entre extensos cultivos de hoja de coca, y quienes entre enero y junio de este año provocaron un desplazamiento masivo de por lo menos 12.100 personas.
El desplazamiento forzado, que parecía ser un problema de otras épocas en el país, revivió en esta zona del territorio nacional por cuenta de los múltiples enfrentamientos que se han registrado desde marzo de este año entre el Ejército de Liberación Nacional y ‘Los Pelusos’. Así se desprende del más reciente informe del Cinep, ‘Catatumbo, la guerra sin tregua’, en el que develan las cifras sobre la violencia reciente en esta región.
La disputa por el territorio entre estos grupos al margen de la ley generó un ‘paro armado’ a principios de 2018, que tras poco más de dos meses decidieron abandonar. En ese entonces, desde todos los sectores se entendió que la lucha por el territorio entre estas estructuras había culminado. Sin embargo, hoy miles de campesinos afrontan una crisis humanitaria y una serie de violaciones de derechos humanos.
Wilfredo Cañizales, quien habita en la zona desde hace más de 18 años, ha sido testigo de la barbarie que cometen a diario los miembros de los grupos armados ilegales, quienes buscan apoderarse del territorio que dejó el desmovilizado grupo de las Farc y aumentar sus finanzas ilegales con el narcotráfico.
Este acérrimo defensor de los derechos humanos, que conserva en su memoria historias de personas que han padecido la guerra, es el director de Progresar, una fundación que se convirtió en el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en esa zona del país.
Una de las preocupaciones de Cañizales son los enfrentamientos de los que hoy son víctimas los habitantes de Hacarí, San Calixto y Teorama, tres de los doce municipios con los que cuenta dicha región ubicada en el norte del país en los que se estima que hay unas 30.000 hectáreas de hoja de coca.
En diálogo con COLPRENSA aseguró que la cifra de los 12.000 desplazados no es la única consecuencia del conflicto entre esas guerrillas, pues afirmó que “este jueves, el Gobierno local dio la orden de cerrar seis escuelas debido a los constantes tiroteos que se registran y que ponen en riesgo la vida de más de 1000 menores de edad”.
Con ira y tristeza a la vez, Cañizales cuenta que en lo corrido de este año la región ha sido blanco de asesinatos, secuestros y desplazamiento forzado, entre otras acciones que vulneran los derechos humanos. “He sabido de cinco o seis escuelas que han sido minadas, se han registrado seis accidentes con minas, de los cuales dos víctimas fueron menores de edad. Al menos cinco líderes sociales han sido secuestrados y diez más fueron asesinados”.
El informe revelado durante esta semana evidencia que los habitantes de la zona han sido víctimas de 460 actos violentos, de los cuales 233 han sido cometidos por paramilitares, 164 por miembros de la Policía Nacional, 53 por parte del Ejército y 10 más por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
El estudio también mostró que el método de intimidación más usado fue la amenaza, dejando 202 afectaciones, en su mayoría cometidas por grupos paramilitares. Igualmente, el análisis confirmó que al menos 90 detenciones arbitrarias también hicieron parte de la vulneración de los derechos humanos, siendo la Policía Nacional actor en 74 acciones. Otro detalle que llama la atención en el documento es que se reportan ejecuciones extrajudiciales con 69 casos.
“Lo peor de todo esto es la invisibilidad, nadie responde, hay una guerra de comunicados en donde todo el mundo se lava las manos, nadie asume responsabilidades con lo que está ocurriendo en el territorio, y la respuesta que da el nuevo Gobierno es trasladar una nueva Fuerza de Tarea Rápida que se suma a los 12.000 hombres que hay en la zona y 4000 policías”, dice Cañizales.
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