El equipo legal de los cinco estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay, apelará ante instancias nacionales e internacionales la medida de privativa de libertad que les fue dictada el jueves por el juez 9° de control militar en Aragua, Israel Paredes Guerrero.
Martín López, abogado defensor de Brigitte Herrada, señaló que la privativa fue totalmente arbitraria ya que ella cumplió cabalmente con el arresto domiciliario que se le fue impuesto. «Las únicas veces que mi defendida salió de su domicilio fue para realizarle los exámenes médicos correspondientes que evidenciaron los tratos crueles de los que fue víctima», aseguró.
En el tiempo que Herrada permaneció recluida, sufrió graves lesiones productos del maltrato de sus carceleros que le produjeron la pérdida parcial de la audición así como hematomas en los glúteos y el resto del cuerpo.
Las denuncias interpuestas han sido ignoradas en múltiples oportunidades acerca del deterioro de salud y las precarias condiciones carcelarias de los procesados, por lo que el jurista enfatizó que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como forma de hacer justicia para ellos.
Antes de su detención, Herrada se desempeñaba como empleada de la Gobernación de Aragua y cuidaba de su pequeña hija de nueve años, que actualmente se encuentra bajo custodia de una profesora de la UPEL.
El miércoles los 27 estudiantes de la UPEL fueron presentados ante un tribunal militar en la comandancia general de la Policía de Aragua, quien les dictó libertad condicional, pero la decisión no fue atacada por órdenes de Juan Ernesto Sulbarán Quintero, secretario de seguridad de la entidad.
A pesar de tener firmadas las boletas de excarcelación, los jóvenes fueron recluidos en calabozos de la Policía de Aragua hasta que el jueves fueron presentados ante un tribunal ordinario en el Palacio de Justicia de Maracay.
Tras una larga audiencia el veredicto fue: libertad con régimen de presentación cada 30 días para 22 de los 27 estudiantes y privativa de libertad para los otros cinco: Alex González, presidente de la FCU-UPEL, Boris Quiñones, Michele Sosa, Keny Colmenares y Brigitte Herrada, quien serán trasladados a la cárcel 26 de Julio en Guárico.
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