La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió este miércoles el Estado salvadoreño que detenga la «persecución» del gremio, que en 2022 registró al menos 147 agresiones, y que se reviertan las reformas legales que «criminalizan» su labor.
En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la APES presentó el consolidado de casos de 2022, que da cuenta de 161 periodistas afectados, incluidos 11 que tuvieron que salir del país como medida preventiva.
«La APES exige al Estado salvadoreño que pare la criminalización y persecución de las y los periodistas y que haga valer los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información», sostuvo el gremio.
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Del total de denuncias recabadas por el Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES, en el 49% se identificó como supuestos agresores a funcionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Estado salvadoreño
De acuerdo con el relator de la Libertad de Expresión de la APES, Gabriel Labrado, esto implica un «uso abusivo del poder estatal» contra los periodistas, que se da en el marco de un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y que se ha implementado como medida para ‘combatir’ a las pandillas.
Entre las agresiones registradas por la APES se encuentran ataques digitales (23), restricciones al ejercicio periodístico (23), declaraciones estigmatizantes (29), acoso digital (11), acoso laboral (10), amenazas (6), vigilancia y seguimiento (9), entre otros.
Labrador indicó que identificaron «patrones sistemáticos» de agresiones contra los periodistas, «que van en coincidencia con ciertas narrativas que se promueven desde el Ejecutivo» y eso «nos parece especialmente preocupante».
Por su parte, la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, llamó a la Asamblea Legislativa a «revertir las reformas legales impulsadas por la mayoría oficialista del Congreso que criminalizan la labor de la prensa y a los medios de comunicación independientes».
También pidió a la Fiscalía General de la República acelerar la investigación por los casos de espionaje a casi una treintena de periodistas con el software Pegasus, que «no ha tenido mayores avances».
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Indicó que el Ministerio de Justicia, la Fuerza Armada y la Policía «deben de abstenerse de continuar con las medidas de restricciones arbitrarias contra el gremio y retomar la vía del diálogo».
En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió «retomar urgentemente la comunicación con la Mesa de Protección de Periodistas y dar un seguimiento oportuno a los casos de vulneraciones a la prensa».
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