Era la tarde del 24 de enero, el día después de que miles de personas en el vecindario bajaron de las colinas de José Félix Ribas para unirse a una masiva manifestación contra el presidente Nicolás Maduro, a cuyo gobierno culpan de sus problemas para obtener agua, energía y alimentos, señala un trabajo difundido por la agencia internacional Reuters.
Varias docenas de miembros de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, conocidos como FAES, habían subido a la barriada en vehículos blindados flanqueados por motos. Las tropas irrumpieron en las polvorientas calles disparando mientras personas huían gritando “están aquí”, según testigos.
Francotiradores treparon sobre tejados de hojalata de las humildes viviendas y algunos lugareños se escondieron debajo de sus camas.
Para el amanecer, la FAES había matado a por lo menos 10 personas, llevándose sus cadáveres y a una docena de detenidos, a quienes cubrieron el rostro, según cuatro líderes comunitarios de la zona.
El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, que atiende a las preguntas de medios de comunicación, no respondió a solicitudes de comentarios sobre las operaciones de la FAES.
La FAES dijo que los informes recientes sobre sus actividades eran “noticias falsas” difundidas por la oposición derechista. “Nuestra lucha es contra los criminales que azotan nuestras comunidades todo el que teme al FAES es porque es criminal”, agregó la unidad el jueves en su cuenta oficial de Instagram.
Habitantes de la zona dijeron que los agentes de la FAES regresaron a José Félix Ribas las siguientes tres tardes, provocando miedo en la comunidad pobre que solía ser un bastión de apoyo para Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez.
Cinco años de recesión han convertido a muchos en fervientes opositores de Maduro.
Las redadas de José Félix Ribas, las más mortíferas de varias en Caracas el mes pasado, muestran cómo el gobierno ha usado al FAES para sofocar a críticos desde que el líder de la oposición, Juan Guaidó, juró como presidente encargado y ganó el apoyo de potencias occidentales, que dicen que Maduro ocupa ilegítimamente el cargo.
MIEDO AL FAES
El informe revela un patrón empleado por FAES -creado en 2017 como una fuerza de elite para combatir el terrorismo y el crimen organizado- y una sensación de impunidad.
El Observatorio Venezolano de Violencia, una ONG, atribuye a las fuerzas de seguridad 43 muertes durante las protestas y redadas desde el 22 de enero y dijo que está procesando datos de más casos.
Grupos de derechos acusan al gobierno de utilizar a la FAES para allanar hogares de venezolanos después de que regresan de las protestas, con la ayuda de datos que ofrecen informantes oficialistas.
Las autoridades han arrestado a más de 900 manifestantes desde el 21 de enero, dijeron grupos de derechos humanos. El Ministerio de Comunicación tampoco respondió a consultas sobre los arrestos.
José Pinto, jefe del Movimiento Revolucionario Tupamaro, un influyente grupo militante que apoya al gobierno, dijo a Reuters que él y otros llamados “colectivos” alertaron a la policía de “actividad sospechosa” antes de las protestas del 23 de enero, enviándoles fotos y direcciones de presuntos “conspiradores de la derecha” que, dijo, desembocaron en redadas.
“CONSECUENCIAS”
El martes antes de la manifestación opositora, los residentes dijeron que una camioneta sin placas circuló por las calles de José Félix Ribas, un distrito dentro de la gigantesca barriada de Petare, transmitiendo un mensaje: “Si salen a la marcha, van a sufrir consecuencias”.
Le prestaron poca atención. Pero seis lugareños dijeron que las consecuencias quedaron claras al día siguiente cuando el FAES arrastró a una madre de 23 años -prima del presunto líder de una pandilla- de su casa y la mató a tiros.
Una iglesia fue baleada. Un hombre fue ejecutado luego de ser detenido y esposado dentro de un vehículo, dijeron residentes.
Políticos locales dijeron que las autoridades habían justificado el ataque como una operación contra un grupo criminal. El gobierno aún no ha presentado pruebas de que los muertos fueron parte de ese operativo.
Paula Navas, una organizadora política de la comunidad local, dijo que las autoridades buscan silenciar a la comunidad. “Traumatizaron a los niños. ¿Cuál fue el real objetivo de esto?”, dijo.
Cuando la FAES regresó a José Félix Ribas los días posteriores a la redada, interrogaron a la familia de Fernández sobre supuestas conexiones criminales, lo que Pino negó. Se ha impuesto una suerte de toque de queda nocturno en toda la zona.
“Nada mas con el nombre, las FAES, ya estoy aterrada”, dijo Pino. “Ahorita me dijeron que estaban en la zona (…) Me da un dolorcito en el estómago”.
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