Leila* perdió una beca estudiantil en la Universidad de París, también conocida como La Sorbona en Francia, por esperar cinco meses para obtener su cédula venezolana por primera vez y su pasaporte. Justo cuando estaba por concretar su cita para el pasaporte se cayó la plataforma del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
Ahora le corresponde pagar por su cuenta una deuda restante de 300 euros para completar sus estudios, debido a que el retraso en el país le hizo incumplir uno de los criterios para conservar la beca. Leila estudia Derecho Internacional y a finales de julio es su graduación. Sin embargo, teme no poder llegar a su acto de grado, debido a que no puede salir de Venezuela por no poseer pasaporte.
Después de 22 años, la joven regresó a Venezuela con su madre Mayra* para que la acompañara. Ambas lograron ingresar al país con un salvoconducto que les emitió el consulado de Francia, pero ya no pueden regresar.
Además de perder su beca de 900 euros mensuales, lo cual le permitía pagar sus estudios, hospedaje y manutención. Leila también perdió la residencia estudiantil donde se alojaba. “Ha perdido todo en cinco meses esperando aquí
en Venezuela”, detalló Mayra entre lágrimas.
Actualmente se hospedan en casa de una amiga, mientras esperan obtener respuesta del Saime.
Caída del sistema
Usuarios denunciaron a través de las redes sociales que la página del Saime tiene casi tres semanas inactiva, lo que impide solicitar citas o verificar el estado de los trámites.
El Saime no ha dado una información oficial sobre la falla del sistema. Recientemente, en su página web subieron una imagen que indica “actualmente estamos realizando mejoras a nuestro portal”.
Mediante redes sociales el Saime anunció que todas sus oficinas están operativas solo para el retiro de documentos de identificación, prórrogas y pasaportes. Durante días los afectados han manifestado su descontento ante la falta de respuestas.
Violación de los derechos
El abogado Gustavo Manzo explicó que el Saime vulnera el derecho de los venezolanos al impedirles que puedan obtener sus documentos de identificación.
De acuerdo con Manzo, si el Saime no cumple su labor de manera adecuada y oportuna violaría lo establecido del artículo 56 de la Constitución de la República.
Artículo 56. Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Estos no contendrán mención alguna que califique la filiación.
“El Estado debe proveer las instituciones y mecanismos efectivos. No basta con una ley de identificación, ni que tengamos un organismo que emita los documentos de identificación, es que efectivamente sean entregados y el servicio se preste de manera efectiva. Allí es donde están fallando”, aseguró.
Competir en el extranjero
Luz* es del estado Zulia y su hija de 11 años de edad tendrá una competencia de gimnasia rítmica en Colombia a mediados de octubre. Su cita en las oficinas del Saime era el 7 de julio y el sistema aún sigue inactivo.
Contó que tiene mucha ansiedad porque no sabe si su hija podrá participar en la competición. Se plantea cruzar la frontera en caso de no obtener el pasaporte de su niña.
“Estamos de manos atadas, no tenemos quién nos resuelva el problema. Solo nos queda dejar todo en mano de Dios”, respondió.
Una fuente, que no quiso ser identificada, miembro de la campaña de movilidad segura La Mejor Ruta, comentó que las personas que no tienen los documentos en regla se ven forzadas a buscar alternativas y migrar por las “trochas o caminos verdes”.
Peligros para migrantes indocumentados
El especialista de La Mejor Ruta indicó que los riesgos a los que se exponen las personas migrantes sin documentación son diversos. Mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ pueden ser los más vulnerables, pues al no tener dinero para pasar, les exigen “pago con cuerpo”.
Agregó que las amenazas más comunes para todo migrante indocumentado es la trata de personas, la explotación sexual, laboral y tráfico de órganos. Alegó que como no existe un registro por los pasos irregulares, quedan expuestos a estos riesgos.
“Sucede mucho en los casos de explotación laboral, que por su condición irregular, sin ningún documento legal que certifique la forma de trabajo, no tienen ese amparo que dan las leyes que protegen a los trabajadores”, acotó.
A su juicio, la diáspora venezolana seguirá en aumento debido a la crisis humanitaria que vive el país, que corresponde a las consecuencias de la situación política, social y económica.
(*) Los nombres se modificaron por medidas de protección de la fuente.
Información de Crónica Uno
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