Los familiares de presos políticos cumplieron este sábado 150 días consecutivos de vigilia frente a El Helicoide, en Caracas, donde mantienen jornadas permanentes de oración y protesta para exigir la liberación de sus seres queridos.
La actividad estuvo acompañada por el sacerdote Henry, quien participó nuevamente en la concentración y expresó su esperanza de que pronto se concreten las excarcelaciones, según reportó el periodista Jesús Gutiérrez Andúz.
La jornada estuvo marcada por actos de fe, mensajes de solidaridad y llamados a las autoridades controladas por la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que atiendan las peticiones de los familiares.
Durante la vigilia, los asistentes reiteraron que no abandonarán las protestas pacíficas hasta obtener respuestas concretas sobre la situación de los detenidos y el cumplimiento de las liberaciones que reclaman desde hace más de cuatro meses.
En el encuentro, el padre que lideró la vigilia manifestó su confianza en que próximamente se anuncie la liberación de los presos políticos recluidos en distintos centros penitenciarios del país, de acuerdo a lo reseñado en El Nacional.
Solicitan listado de presos políticos en penal de Tocuyito
En tanto, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos protestaron frente al penal Hombre Nuevo El Libertador del Internado Judicial Carabobo, conocido como la cárcel de Tocuyito, para exigir la lista de presos políticos trasladados desde El Helicoide, la noche del pasado miércoles 3 de junio.
Líderes de Voluntad Popular, Proyecto Venezuela y defensores de derechos humanos respaldaron a los familiares de presos políticos, informó la relatora estatal de Derechos Humanos de Vente Carabobo, Angélica Flores. "Desde que inició el traslado se les ha negado la información. No saben dónde están sus hijos, sus hermanos, y por eso están solicitando las listas".
Ante la falta de información, el abogado y vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, recordó a los funcionarios del Estado venezolano que están obligados a informar con claridad el destino, situación o paradero de las personas privadas de libertad, advirtiendo que la omisión de estos datos podría constituir una desaparición forzada, según lo establecido en el Código Penal.
