El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este miércoles que los familiares de 13 reos recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Felipe, estado Yaracuy, denunciaron que las autoridades les impiden el ingreso de alimentos y agua potable para los presos.
Las familias de los reclusos aseguraron que «temen por el estado de salud de los privados de libertad» al no contar con las condiciones mínimas para su alimentación regular, informó el OVP, ONG que vela por los derechos humanos de los privados de libertad.
Según una investigación realizada por el OVP, con información obtenida a través de los privados de libertad, abogados, especialistas en salud y ONG, los presos en 34 cárceles del país sufren de desnutrición y «el hambre azota a la población reclusa venezolana».
#29Nov Familiares de 13 reclusos del CICPC de San Felipe, estado #Yaracuy, denunciaron que no les permiten el ingreso de alimentos ni agua potable, por lo que temen por el estado de salud de los privados de libertad.
— Obs. V. de Prisiones (@oveprisiones) December 29, 2021
Responsabilidad del Estado
Carolina Girón, directora del OVP, recordó durante la presentación del informe, «que el Estado es el responsable de la alimentación de las personas que se encuentran bajo su custodia, debido a que es un derecho humano y está establecido tanto en la legislación venezolana como en las leyes, normas y pactos internacionales».
Además, denunció que para el primer trimestre del 2021 existía un 177,07% de hacinamiento y que las cárceles venezolanas «no cuentan con la infraestructura ni con las políticas para mantener los estándares mínimos de reclusión para que las personas cumplan sus condenas con dignidad».
En el país caribeño no existen informes oficiales públicos donde se dé a conocer la situación de las prisiones ni las condiciones en las que viven los reclusos. EFE
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