(Foto EFE)

Federico Andreu Guzmán, representante de la Comisión Internacional de Juristas, denunció este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el desmantelamiento del Poder Legislativo en Venezuela y aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha acabado con la separación de poderes.

Luego de analizar 30 de sentencias emitidas por la Sala Constitucional del TSJ, la Comisión Internacional de Juristas concluyó que el máximo juzgado venezolano ha dejado de operar como el garante de la Constitución y que, por el contrario, la subvierte y la interpreta acomodaticiamente a favor del oficialismo.

Desde Montevideo, Uruguay,  Andreu Guzmán aseguró que la Sala Constitucional ha asumido atribuciones que no le corresponden, lo cual demuestra que el Poder Judicial en Venezuela carece de autonomía.

Para el jurista el control parlamentario es un saludo a la bandera, porque el TSJ les ha quitado competencias en materia de excepción, y ha otorgado rango supra constitucional a situaciones que no lo tienen. “Con esto el TSJ ha acabado con la separación de poderes y ha anulado la autonomía del Poder Legislativo, señaló.

El uso del sistema de judicial para lograr fines políticos y la aplicación de la justicia militar a civiles también fueron denunciadas por las ONG venezolanas ante la CIDH. Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) comparó la situación de Venezuela con la de Perú durante la gestión de Alberto Fujimori, y dijo que en ambos casos se ha hecho uso de la institucionalidad para gobernar de forma dictatorial.

Uzcátegui afirmó que llegan al poder mediante elecciones, promueven la refundación del Estado, militarizan el sistema de administración de justicia, aplican sanciones administrativas y hacen uso selectivo de los tribunales para castigar la crítica. Y además realizan elecciones solo cuando hay condiciones para resultados favorables a ellos y descalifican los sistemas de protección de los derecha humanos.

Ante la CIDH pidió que, como en el caso de Perú, elabore un informe especial sobre lo que ocurre en Venezuela.




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