El 7 de noviembre, la vida de José Gregorio Rivas dejó de ser rutina. Este venezolano, de 42 años, llegó a Estados Unidos en 2020 y había encontrado un respiro en el Estatus de Protección Temporal (TPS). Pero esa tranquilidad se rompió cuando el gobierno de Donald Trump, respaldado por un fallo de la Corte Suprema, decidió poner fin a ese beneficio.
Desde entonces, José Gregorio decidió encerrarse en su apartamento en Miami. Las calles que antes recorría con confianza ahora le parecen un campo minado. Evita salir, no quiere exponerse.
“No quiero que me vean, no quiero que me pregunten nada”, dice con voz temblorosa. El miedo a ser deportado lo consume. Cada día es una batalla silenciosa contra la ansiedad, contra la incertidumbre, contra la posibilidad de que lo envíen a su país.
Fin del TPS en EE.UU
Su historia no es única. Como él, miles de inmigrantes viven ahora bajo la sombra de una decisión que los deja en el limbo. José Gregorio teme por su futuro. “No vine a hacer daño. Solo quería vivir en paz, pero ahora, vivo con miedo de que me detengan por cualquier cosa”, repite, al otro lado del hilo telefónico este 10 de noviembre.
José Gregorio trabajaba para una cadena de tiendas de origen estadounidense. “Perdí mi permiso de trabajo, mi tranquilidad, mi rutina, mis esperanzas de tener estabilidad. Ya no tengo papeles, si me para la policía, ¿qué le digo? Quedé indocumentado. Ahora salgo solo lo necesario, no quiero arriesgarme, pero necesito resolver este problema, porque en este país, no se puede estar sin trabajar”, comentó a El Pitazo este 10 de noviembre.
Su historia no es única. Más de 250.000 venezolanos quedaron en un limbo legal desde la medianoche del 7 de noviembre. Muchos, como él, enfrentan la posibilidad de ser detenidos y deportados, sin acceso a empleo formal.
Es como si hubieran apagado la ciudad
En zonas como Hialeah, Doral y Weston, donde la presencia de migrantes venezolanos es alta, el impacto se extiende más allá de lo personal. Negocios que dependían de esta comunidad han visto una caída abrupta en sus ingresos.
La venezolana Aurora Pinto, dueña de una pizzería en Weston, dijo que las ventas bajaron casi 40%, el pasado fin de semana.
“La gente tiene miedo de salir. Algunos clientes me han dicho que prefieren no exponerse. Dos de mis empleados también están asustados. Uno de ellos dejó de venir, porque su permiso de trabajo ya no es válido”, indicó a El Pitazo.
En supermercados, restaurantes y tiendas de ropa, el patrón se repite. El temor colectivo ha paralizado la vida cotidiana. “Es como si hubieran apagado la ciudad”, dice Aurora.
Las condiciones no están dadas
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) advierte que quienes no consigan otro tipo de estatus legal podrían enfrentar procesos de deportación.
Para José Gregorio, las opciones son escasas: “No tengo dinero para abogados. No tengo familia aquí. Solo quiero seguir trabajando y reunir dinero”.
Mientras tanto, su rutina se ha reducido a mirar televisión, cocinar y revisar redes sociales en busca de buenas noticias. “Espero que pronto nos ofrezcan una solución distinta a tener que irnos antes de lo esperado. En este momento no quiero regresar a mi país, aún las condiciones no están dadas”, destacó”.
