El abogado de libre ejercicio Rafael Reyna fue acusado por el Ministerio público por los delitos de extorsión agravada, usurpación de funciones, uso de documento público falso por el que se hacía pasar como fiscal y legitimación de capitales.
A través de una publicación en Instagram, el fiscal general Tarek William Saab informó que Reyna, junto a exfuncionarios del MP ya imputados por corrupción en Carabobo, exigía sumas considerables de dinero a sus víctimas, haciéndose pasar por fiscal del Ministerio Público.
Para ello, portaba un carnet que lo identificaba como falso fiscal, con el que solicitaba pagos a las partes involucradas en distintos procesos judiciales.
Operaciones del falso fiscal y coordinación con funcionarios
Según las investigaciones, Reyna utilizaba su falsa identidad de fiscal para gestionar la atención de casos ante fiscalías específicas. Además, coordinaba con funcionarios reales diversos trámites, incluyendo entregas de vehículos y objetos, inclusiones y exclusiones en el Sistema Integrado de Información Policial, realización de experticias, distribución de diligencias y otras investigaciones.
Al momento de su detención, se le incautaron 14 mil dólares y un vehículo, el cual pertenecía a un denunciante vinculado a una investigación en curso.
Hasta la fecha, 556 funcionarios del MP se encuentran procesados por delitos similares, y sus juicios avanzan con expectativas de condenas ejemplares. El caso de Reyna refuerza los esfuerzos del Ministerio Público para desmantelar redes de corrupción y garantizar que los procesos judiciales se lleven a cabo con transparencia.
Imputado el fiscal superior y otros 10 funcionarios
También a través de Instagram Tarek William Saab informó que por este mismo caso fueron imputados el exfiscal superior de Carabobo, Miguel José Duran Trejo, y otros 10 fiscales. Son ellos: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Angel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Angel Dorta Sivira.
Se les imputaron los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarios públicos. También retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación.
Según la explicación, estas personas estaban confabuladas con Rafael Reyna, quien exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas para favorecerles en las investigaciones. Además, proporcionaba información de las distintas causas penales, llevadas en diferentes despachos fiscales de la entidad.
