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El Ministerio del Trabajo del Perú presentará una demanda por inconstitucionalidad contra una ordenanza regional aprobada por el gobierno de Cusco, según la cual se considera una falta grave la contratación de personal extranjero en condiciones de subempleo para sustituir inmediatamente a trabajadores locales.

La publicación de Gestión indica que el viceministro del Trabajo, Augusto Eguiguren, precisó que ninguna autoridad regional tiene potestad constitucional o legal para regular las relaciones de trabajo, ya que esta es una materia exclusiva del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo.

El despacho estaba esperando la publicación de la norma local para iniciar el proceso legal por inconstitucionalidad.

Esta norma se interpreta como una limitación para el empleo de migrantes venezolanos, que significan una fuerte presión para el mercado laboral peruano. Esta es, de hecho, una de las principales causas de posiciones xenofóbicas que han emitido dirigentes políticos, gobernantes locales y opinadores del país suramericano.

Según las más recientes cifras de la Agencia de naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés), en Perú se han asentado más de 760.000 venezolanos ; de hecho, la nación andina es el segundo destino con más migración venezolana en América Latina, detrás de Colombia.

Con información de Banca y Negocios




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