Hasta el 7 de marzo, las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela o sus familiares podrán llenar el formulario autorizando al Fiscal de la Corte Penal Internacional a reanudar la investigación sobre Venezuela. Esta información que servirá de base para el informe que se presentará a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I antes de la fecha límite del 21 de marzo.
Esta es la etapa final de una parte del proceso que inició el 18 de noviembre de 2022, luego que la Fiscalía solicitara a la Sala de Cuestiones Preliminares I autorización para continuar la investigación sobre la situación de los DDHH en Venezuela, luego que el gobierno de Nicolás Maduro exigiera la suspensión de esas investigaciones.
En respuesta a la petición del chavismo, la sala ordenó consultar la opinión de las víctimas sobre la petición de la Fiscalía de continuar la investigación, las cuales deben ser compiladas por la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones («VPRS» por sus siglas en inglés), antes del 21 de marzo de 2023, fecha en la que deben ser entregadas a la Sala. Ese día también debería estar consignada la respuesta de la fiscalía a las observaciones del ejecutivo nacional.
Los magistrados también pidieron al gobierno de Venezuela que opine sobre la continuación de la investigación de la Fiscalía, lo cual debe hacer a más tardar el próximo lunes 28 de febrero.
El formulario
El referido formulario será publicado en la página en los próximos días. La CPI detalló que si individuos u organizaciones han sido afectados por cualquier crimen bajo la competencia de la corte tendrán a opción de completar este formulario, que estará disponible en dos formatos.
Para mayor comodidad, habrá una versión en línea que puede ser rellenada directamente en el sitio web de la CPI sin necesidad de descargarlo en un computador. No se necesita incluir ningún documento. La confirmación de recibo es automática, detalla la información.
También habrá una versión PDF descargable disponible que puede ser rellenada a mano o de manera electrónica. Una vez finalizado, este formulario se puede enviar a la Sección para la Participación de las Victimas y las Reparaciones (VPRS), a través del correo VPRS.Information@icc-cpi.int o también por correo postal a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), P.O. Box 19519, 2500CM, La Haya, Países Bajos.
Como aclaratoria importante, la CPI señala que las víctimas no necesitan tener representación legal para llenar el formulario y que, incluso, pueden solicitar apoyo a la VPRS para hacerlo.
Los afectados por violaciones de DDHH por parte del Estado venezolano pueden exponer sus preocupaciones, observaciones y opiniones sobre si creen que se debe autorizar al Fiscal de la CPI a reanudar su investigación sobre la situación de Venezuela.
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La CPI considera víctimas, según la regla 85 de procedimiento y prueba, a personas, organizaciones e instituciones que hayan sufrido daños, dentro de la jurisdicción de la CPI, como lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o la privación sustancial de los derechos fundamentales. Los familiares y personas cercanas de estas víctimas también se consideran víctimas.
Las organizaciones susceptibles de ser atendidas por la CPI porque sus bienes han sido afectados, deben estar dedicadas a religión, la instrucción, arte o ciencia o fines caritativos y humanitarios, o monumentos históricos y hospitales.
Antecedentes de la investigación
Desde el 27 de septiembre del 2018, cuando representantes de seis Estados Parte del Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) denunciaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la violación de DDHH en Venezuela con mayor énfasis a partir de 2014, la corte tiene conocimiento del caso.
En 2020, la Fiscalía concluyó que hay una base razonable para creer que crímenes de lesa humanidad se han cometido en Venezuela, particularmente en el contexto de la detención de personas.
El 5 de noviembre del 2021, el Fiscal de la CPI anunció que la etapa del examen preliminar concluyó con la decisión de abrir investigaciones sobre la situación en Venezuela. Cinco meses después, no obstante, la apertura de esa investigación se paralizó pues Maduro exigió al fiscal abstenerse de investigar, pues su gobierno inició acciones en torno a los presuntos hechos punibles contra los derechos humanos.
Pero el fiscal de la CPI pidió a los magistrados de la sala, el 1 de noviembre de 2022, autorización para reanudar la investigación, petición de la cual derivó el formulario, ordenado por la sala, que debe ser llenado antes del 7 de marzo.
Los delitos que investigará la Fiscalía están relacionados crímenes de lesa humanidad de privación de libertad u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos contra personas detenidas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales, como los llamados “colectivos” desde abril de 2017 y no desde 2014 como solicitaron los estados denunciantes.
