Human Rights Watch (HRW) denunció este martes a siete funcionarios venezolanos que habrían sido responsables de la brutalidad generalizada y los abusos contra opositores, ocurridos en 2017 durante las protestas antigubernamentales.
José Benavides Torres, excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Sergio José Rivero Marcano, comandante general de la GNB; Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); Edgar Rojas Borges, Fiscal General Militar y el presidente de la República, Nicolás Maduro conforman la lista de altos mandos.
HRW pide que estos funcionarios del Gobierno venezolano sean llevados ante la justicia por el uso de la fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, golpizas brutales y torturas con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas.
Estos son los altos mandos que son responsables por la brutalidad generalizada y los abusos, incluyendo torturas, en las calles y centros de detención en #Venezuela en 2017. Deben ser llevados ante la justicia. https://t.co/Q0saTJ9TL5 pic.twitter.com/oKghlTVa4G
— HRW Venezuela (@HRW_Venezuela) December 12, 2017
En un informe difundido por Human Rights Watch y el Foro Penal se documentan 88 casos sobre al menos 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, indicó que los abusos perversos y generalizados contra opositores, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles.“No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
Entre las víctimas de abusos se encuentran dos carabobeños:
Armando López Carrera (seudónimo), de 17 años, contó que el 20 de julio, miembros de la GNB lo arrestaron durante un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Detalló que durante la detención fue obligado por agentes a caminar en cuclillas, le dieron golpes con palos, le cortaron el cabello, lo golpearon y lo obligaron a hacer ejercicios de entrenamiento militar, y también a inclinarse y mantenerse en equilibrio sobre pies y cabeza, sin usar las manos, por cerca de cinco minutos. Contó que permaneció hacinado con otras personas en una celda de castigo varios días.
Alejandro Pérez Castilla (seudónimo), de 32 años, reveló que el 26 de julio, agentes de la GNB lo detuvieron durante una manifestación. Dijo que lo subieron a un vehículo blindado, donde lo golpearon durante horas, le pisotearon los dedos de la mano, le presionaron el rostro contra los genitales de uno de los guardias y amenazaron con violar a su hija. Según señaló, mientras estaba detenido, los agentes le frotaron polvo de gas lacrimógeno en el rostro, los ojos, la nariz, y en las heridas de perdigones provocadas por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad durante la manifestación.
Pérez Castilla explicó que lo golpearon guardias mientras estaba colgando esposado de la carcasa de un aire acondicionado, y que apenas podía tocar el piso. Más tarde, lo obligaron a sentarse esposado a un banco metálico y le aplicaron un arma paralizante en la pantorrilla. Relató que los agentes también detonaron un cartucho de gas lacrimógeno dentro de su pequeña celda y luego cerraron la puerta.
