La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, a cargo de Humberto Prado, realizó una serie de consideraciones a modo de diagnóstico y balance alrededor de la situación de derechos humanos en Venezuela y en contraste con respecto al año 2019.
Resalta una nota de prensa del Centro de Comunicación Nacional que entre sus conclusiones resalta que los derechos humanos en Venezuela han quedado relegados al incumplimiento o al absoluto olvido.
Enumeró en un informe 11 elementos clave, como que las recomendaciones y pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, la Comisión de Encuesta de la OIT, la CIDH y la Corte IDH, han resultado ignoradas o que la emergencia humanitaria compleja continúa profundizándose.
Sin salud, sin servicios
En este sentido, señaló que han aumentado las muertes evitables por el escaso acceso a la salud de pacientes con VIH/SIDA, o con condiciones oncológicas, esclerosis, diabetes, desnutrición, enfermedades cardiacas, lepra o dengue. Ni hablar de la falta de insumos médicos, bioseguridad y atención médica para los pacientes de COVID-19.
También menciona la crítica situación de los servicios básicos: agua, luz, gas o internet, cuya demanda se ha acrecentado durante la cuarentena, y la prestación se ha vuelto cada vez más deficiente, sin que la usurpación muestre compromiso de solventar dicha circunstancia.
Remarca, asimismo, el incremento de los casos de violencia de género, la represión –mediante el uso indiscriminado de la fuerza- contra la protesta ciudadana espontáneamente frente a las condiciones económicas y de salubridad.
Disidencia en peligro
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas en contra de civiles y militares disidentes son cada vez más frecuentes. La disidencia política resulta perseguida, encarcelada, hostigada y criminalizada, bajo “los ojos complacientes de un Poder Judicial que ha traicionado su deber constitucional de defender los principios elementales de la República”.
Resalta los millones de venezolanos que han abandonado el país, enfrentando difíciles contextos de discriminación en Estados hermanos o peligro de movilidad –como cuando con embarcaciones improvisadas, buscan trasladarse a las Antillas holandesas o Trinidad y Tobago.
“Todo esto se enmarca en un contexto de deterioro ostensible del estado de derecho y la democracia en el país. El derecho a votar y ser elegido se ha anulado, y en tanto, la usurpación busca mediante artimañas electorales para despojar de legitimidad al único Poder Público que aún continúa apegado la Constitución, el Legislativo.
