Tras las rejas, así se describe el estado actual de José Mascimino Márquez, quien era conocido por su trabajo de juez en el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas. Sin embargo, fue detenido luego de verse implicado en la liberación de un criminal.
Más allá de sus méritos académicos, era distinguido por su accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil, siendo insertado al sistema de justicia venezolana en apoyo al gobierno oficialista. Aún así, los funcionarios de la Policía Nacional Contra la Corrupción lo detuvieron durante el operativo policial contra la corrupción, la cual había iniciado desde el viernes 17 de marzo por orden de la administración de Nicolás Maduro.
De acuerdo a lo publicado por Efecto Cocuyo, la detención se llevo a cabo tras encontrarse relacionado en la liberación, el pasado 9 de enero, de un integrante de la megabanda Tren de Aragua, identificado como Oswaldo José Cheremos Carrasquel, alías "El Pelón" Cheremos. En este caso, el asistente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Mario Aquino, le solicitó al juez Márquez un decreto para colocar en libertad al criminal, pese a que había sido imputado por tráfico de armas de guerra y otros delitos.
Al menos 240 mil dólares fue la cifra que canceló alías "El Pelón" Cheremos para conseguir la medida sustitutiva de libertad, así le indicó a funcionarios policiales tras su recaptura el pasado 15 de febrero.
Un verdugo en el sistema judicial: Sus casos
Entre los encerrados por decisión de Márquez, se encuentra el reconocido opositor y miembro de Voluntad Popular Freddy Guevara, el periodista y político Roland Carreño, que aún permanece tras las rejas; asimismo a la presa política Carla Da Silva, los presuntamente responsables de la operación Gedeón; también el político y director del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans, a quien acusaron de supuesta instigación al odio.
En enero 2020, Márquez García ordenó mantener detenidos a los 12 indígenas pemones que fueron acusados por los ataques a dos bases militares en el estado Bolívar en diciembre de 2019. Entre ellos Salvador Franco, quien falleció en prisión por no recibir atención médica.
Según la entrevista que realizó Efecto Cocuyo en 2022, el caso Da Silva implicó que dicho juez le pidiera que se declarara culpable para complacer al gobierno, y así solo recibir 20 años de cárcel, contrario a los 30 estipulados, dijo Miriam Marrero, madre de la joven detenida. Luego de no aceptar la propuesta, su detención conllevo a sufrir torturas y golpes físicos, por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Policía Nacional Bolivariana.
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