El hostigamiento de la sede legislativa, la represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra diputados en las manifestaciones, las prácticas intimidatorias, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, violencia física, amenazas e improperios desprendidos en los discursos del jefe de Estado, son solo la punta del iceberg del listado de agresiones que ha recibido la AN en 2017.
La ONG Transparencia Venezuela indicó que la clasificación de las agresiones se pueden dividir en tres bloques, siendo un 52% productos de ataques físicos de los que han sido objeto distintos diputados por parte de grupos violentos y cuerpos de seguridad del Estado, particularmente funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana. Un 25% corresponde a las amenazas e improperios dirigidos por distintas autoridades gubernamentales, en especial del Presidente Nicolás Maduro y un 23% referido a los ataques institucionales que han buscado menoscabar las atribuciones y responsabilidades del Poder Legislativo.
El incremento de agresiones en comparación a los primeros 6 meses del año 2016 es alarmante, teniendo en cuenta que para junio del año anterior se contabilizaron 41 ataques, cifra que para 2017 ya ha aumentado en un 425%.
MÁS AGRESIONES A PARTIR DE ABRIL
Las 57 sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia en contra del legislativo en la que han anulado prácticamente todos los actos y propuestas realizadas por la Cámara, limitando sus competencias contraloras, declarándola en desacato y por último usurpando todas sus funciones el 28 de marzo de 2017 a través del dictamen número 156 de la Sala Constitucional, se convirtieron en el detonante para que los parlamentarios acudieran a las calles como medida de presión para contrarrestar la decisión judicial.
Estas acciones que suman más de 90 días de protestas han incrementado el número de agresiones, contabilizándose tan solo desde el mes de abril 117 ataques, lo que representa casi el 70% de los ataques contabilizados durante el año.
Ante este escenario desde Transparencia Venezuela recopilamos en cifras todos los ataques y agresores responsables de las actuaciones en contra de los representantes al Poder Legislativo, visibilizando así las reiteradas violaciones a la inmunidad parlamentaria.
AGRESIONES FRECUENTES
GNB y PNB: En 67 oportunidades diputados han sido afectados por las actuaciones represivas emprendidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. El impacto de perdigones, metras, gas pimienta y gases lacrimógenos contra parlamentarios ha sido la constante desde el mes de abril, siendo uno de los casos más emblemáticos el registrado al diputado Carlos Paparoni (PJ-Mérida) quien fue dejado inconsciente luego de ser impactado por el chorro de agua arrojado desde la denominada “ballena” de la GNB.
Tribunal Supremo de Justicia: El Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en el principal obstáculo de la Asamblea Nacional para poder ejercer sus funciones a plenitud inclusive desde antes de su instalación en 2016, a través de la decisión del 30 de diciembre con la que se dejó sin diputados al estado Amazonas. Aunque en 2017 se registran 18 agresiones contra la Cámara, 16 de ellas son referidas a sentencias de la Sala Constitucional, siendo la más grave de toda la emanada el 28 de marzo y con la que se usurpó todas las funciones del Poder Legislativo. Recordemos que en 2016 la instancia emitió 41 decisiones en contra del Parlamento Nacional.
Acusaciones de Maduro: El presidente de la república Nicolás Maduro, ha amenazado y responsabilizado en reiteradas ocasiones a la directiva del parlamentes y distintos diputados de la Asamblea Nacional como responsables directos de los hechos vandálicos y asesinatos ocurridos durante los más de 90 días de manifestaciones registradas el país. Otros importantes representantes del Gobierno han secundado las acusaciones de Maduro tales como el Vicepresidente Ejecutivo Tarek El Aissami, el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol entre otros.
Asedio de la sede legislativa: Tanto el Palacio Federal Legislativo como la sede administrativa del Parlamento, ha sido asediada y atacada por grupos violentos durante el año. El arrojó de cohetones a la sede legislativa, los intentos de ingresar a la fuerza al Palacio Legislativo, la agresión de trabajadores del Parlamento se ha repetido en al menos 4 oportunidades durante 2017, esto sin que se haya registrado hasta ahora la detención de ningún responsable. Recordemos que el 23 de octubre de 2016 el Palacio Legislativo fue asaltado por simpatizantes del Gobierno durante el desarrollo de una sesión especial.
DETENCIONES DE DIPUTADOS
En una clara violación del texto constitucional, la inmunidad parlamentaria de varios diputados ha sido vulnerada por los cuerpos de seguridad del Estado, siendo privados de su derecho a la libertad. El caso más alarmante es del diputado por el estado Miranda, Gilber Caro, quien permanece privado de libertad desde el 11 de enero de 2017 luego de ser retenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el municipio Naguanagua del estado Carabobo.
Después de haber pasado 4 meses y 20 días detenidos y a pesar de tener condición de civil, Caro fue presentado ante la justicia militar el 1 de junio ante el tribunal militar sexto de control. Desde entonces, Caro permanecerecluido en el centro para procesados 26 de julio del estado Carabobo sin haber sido enjuiciado por ningún juzgado del país. Más recientemente, el 15 de mayo la diputada Yanet Fermín (VP-Nva. Esparta) fue retenida durante varias horas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana durante una manifestación realizada en la isla de Margarita.
La Constitución nacional a través del su artículo 200 establece claramente qué; “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia (…)”.
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