Un total de 150 funcionarios fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos en Venezuela entre 2019 y 2020, luego de que “contravinieran” las normas del Estado, informó este jueves el contralor general, Elvis Amoroso.

“Durante 2019 y 2020 (…) se impuso la sanción de inhabilitación a más de 150 ciudadanos por contravenir las normas”, dijo Amoroso durante la presentación de su informe de gestión ante el Parlamento venezolano, de casi total control oficialista.

El también exdiputado no detalló la lista de los inhabilitados, pero entre ellos destaca el líder opositor Juan Guaidó, quien no puede ejercer cargos públicos desde 2019, luego de que se le sancionara por juramentarse como 0presidente interino tras cuestionar los resultados electorales que dieron la victoria a Nicolás Maduro.

Asimismo, dijo que 320 funcionarios fueron sancionados por no realizar su declaración jurada de patrimonio y aseguró que se trata de personas que buscan “esconder” algún hecho ilícito.

“En el 2020 realizamos 699 actuaciones fiscales, en diferentes instituciones del Estado venezolano. En ese sentido, realizamos 554 inspecciones directas en más de 400 instituciones del Estado venezolano y aplicamos 421 multas”, agregó.

También se refirió a la corrupción en el país y dijo que, en este mismo período, su despacho presentó 216 acciones para continuar desmontando “una serie de hechos vinculados” a exdiputados opositores y sus familiares y reiteró la acusación contra Guaidó de haber “robado recursos” del Estado venezolano.

“Lamentamos mucho los venezolanos que exfuncionarios y exdiputados venezolanos utilizaran nuestra patria, los recursos del Estado venezolano, para destruir a las instituciones legítimamente constituidas, en la cual se encuentran involucrados el exdiputado Juan Guaidó y un grupo de ciudadanos”, dijo.

Entre ese grupo de personas, el contralor destacó a Javier Troconis, designado por Guaidó para la gestión y control de activos de Venezuela en el exterior, y quien supuestamente recibió 187 millones de dólares de manos del expresidente de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, también acusado por corrupción.

Amoroso recordó que su despacho actuó contra estos exfuncionarios para inhabilitar sus cuentas o funciones públicas, pero señaló que la ley contra la corrupción debe ser modificada para “ser más contundentes”.

“No podemos quedarnos solamente en la sanción penal, debemos buscar la manera de que los funcionarios corruptos, así estén presos, se busque la manera de resarcir el daño patrimonial que le han hecho al país”, dijo el contralor, quien sugirió que el Estado debería tomar, en el plazo de un mes, los bienes que tenga la persona que haya cometido el ilícito.




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