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Collage: Javier Rodríguez
Collage: Javier Rodríguez

No eran días buenos para el negocio de Juan Durán. Pero él seguía ahí, presto a atender bien a cualquier cliente que entrara a su local. Luciana Morillo lo confirmó una mañana de diciembre cuando preguntó por un servicio técnico para su teléfono. “Mil 500 bolívares”, le dijo Durán al finalizar el trabajo, quien al ver que el pago sería con tarjeta de débito prefirió no recibirlo. Sabía que no tendría ganancias al tener que emitir una factura distinta porque su única caja registradora no estaba adecuada a la repentina exigencia del Gobierno de descuento de 2% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por transacciones electrónicas. “Déjelo así mejor”, reiteró y decidió cerrar la puerta de manera definitiva.

Ya contaba más de ocho meses con la vitrina vacía, esa misma que antes tenía repleta de celulares y aparatos tecnológicos. Tampoco podía ofrecer el servicio de llamadas, el sistema tenía semanas caído. El 2016 fue el peor año en las finanzas de su comercio por causas claramente vinculadas con el Ejecutivo y sus distintas políticas económicas.

La rebaja del IVA, publicada en la Gaceta Oficial número 41.052 del 14 de diciembre de 2016, fue la estocada final para el sector comercial del país. Ninguno estaba preparado para eso. Ni los grandes establecimientos. Se tuvieron que hacer inversiones inesperadas de hasta más de cien mil bolívares para la adecuación de cada máquina registradora y lograr hacer el cobro fiscal mixto para satisfacer las exigencias del Gobierno.

La Cámara de Comercio de Valencia calcula que las ventas por esa imposición repentina cayeron en promedio 60%, justo en el mes que el sector esperaba para recuperarse. Hubo días difíciles. Johan Wang, socio de un supermercado de origen asiático, tuvo que decidir por primera vez no aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito durante los tres días siguientes al decreto para poder apegarse a la legalidad. “Dejé de vender 90% porque son pocos los que utilizan efectivo, sobre todo con la escasez de billetes que se vivió desde finales de noviembre”.

Foto Archivo
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BILLETES DEFICITARIOS

Fue un gran despliegue. El país debía enterarse que el trabajo sí se estaba haciendo. La llegada de dos cargamentos de billetes se transmitió en vivo por la televisora oficial. Había que calmar los ánimos. Pero lo que se descargaba era absolutamente deficitario.

De seis billetes prometidos solo llegaron algunas cantidades de tres. Los de 500 bolívares, que fueron anunciados como los primeros que se incorporarían, representan apenas 0,09% de la estructura monetaria nacional. También llegaron de cinco mil, pero solo lo relativo a 0,69%, y 0,02% de billetes de 20 mil bolívares. Las unidades disponibles y aún en vigencia conforman 98,9% de la estructura dineraria, siendo el de 100 bolívares 47,6% de ese total en términos de pieza y 77,13% del valor nominal.

Además de ser insuficientes hay detalles que no han terminado de ajustar. El economista Carlos Ñáñez, profesor universitario de la cátedra de teoría y política monetaria, explicó que cada billete tiene su propia especificación cualitativa en cuanto a grosor, peso y tamaño, que condiciona que los cajeros automáticos deban ser sometidos a procesos de calibración que no han iniciado y para los que se necesita un plazo de al menos 45 días. “Es muy probable entonces que para el lunes 16 de enero, nueva fecha dada por el Gobierno para su entrada en circulación, no puedan estar en manos de los venezolanos”.

A esto se le suma que el resto de las unidades monetarias prometidas no han llegado al país por una deuda que el Ejecutivo mantiene con las casas de imprenta La Rue y Smitgers Pira. “Se desconoce cuánto se les debe. Es otro de los secretos del Estado y su política de opacidad en la información que debe darle al país”.

Pero más allá de la deuda, se genera un costo adicional a la república debido a que el nuevo dinero que está ingresando al país tiene un poder real de compra inferior al que ya está circulando en la economía. “Eso implica mayores niveles de ingresos sucios que no se sustentan en aspectos orgánicos del sistema financiero nacional”.

Tan solo ha logrado fabricar 76 millones de unidades de 50 bolívares desde diciembre

La Casa de la Moneda, que es la institución que, en teoría, debería imprimir las unidades monetarias, acción que le ahorraría a la nación el gasto en divisas a otras empresas extranjeras, no tiene la capacidad técnica para producir las cantidades dinerarias requeridas. Tan solo ha logrado fabricar 76 millones de unidades de 50 bolívares desde diciembre.

Ante la falta de liquidez de dinero en el país la banca electrónica se muestra como la alternativa. Pero en Venezuela eso no es posible. Más de 40% de la población no está óptimamente bancarizada y el restante 60% que sí utiliza los servicios digitales se enfrentan a las consecuencias de la falta de inversión en mantenimiento de las redes por la crisis económica desatada por el control de cambios instaurado desde 2003.

DÍAS DE CONFUSIÓN

Antes de ponerle el candado definitivo a su tienda de tecnología, Juan Durán trató de seguirle el ritmo al Gobierno. Pasó la noche del 11 de diciembre contando los billetes de 100 bolívares que tenía para comenzar a depositarlos. Al principio estaba confundido. No sabía si podía hacerlo en su cuenta de ahorros de un banco privado o si debía acudir a una entidad pública. Las imprecisiones en cada anuncio confundían más.

En esos días, Durán se entretenía detrás de su vitrina leyendo lo que se publicaba a través de las redes sociales, mientras corrían las 72 horas para que saliera de circulación la unidad monetaria de mayor valor en el país, para acabar con las mafias cambiarias del contrabando, según explicó el propio presidente Nicolás Maduro. Así se enteró de los disturbios en 12 estados del país ante la desesperación de los consumidores de no poder comprar lo que necesitaban por falta de efectivo y un sistema electrónico de la banca colapsado.

“¿Para qué voy a recibir algo que en una semana no me va a servir?”

Fue una gran presión para el Gobierno. Se tuvo que ampliar la prórroga para la desmonetización del billete de cien que en principio se fijó para el 2 de enero y fue ampliada hasta el 20. Pero no hay nada claro. Juana Villalobos subió la santamaría de su venta de empanadas el lunes 9. No sabía si aceptar o no el billete marrón: “¿Para qué voy a recibir algo que en una semana no me va a servir?”, era su planteamiento.

Todo indica que la confusión persistirá en los próximos días. Serán más las santamarías que se cerrarán definitivamente. Con comerciantes como Durán sin inventario suficiente para vender, y consumidores sin efectivo y con su dinero retenido en un sistema financiero electrónico que no funciona, no hay proyecciones que indiquen que los próximos meses sean distintos al negro diciembre que se vivió.




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