Al terrible legado que nos dejaron Chávez y Maduro de una larga lista de demandas en tribunales internacionales se suma el desastre que se está acumulando en la gestión de Juan Guaidó en relación con la defensa que ha encomendado primero a José Ignacio Hernández quien después de una oscura gestión renunció ante el gran cúmulo de denuncias y críticas, y luego a Enrique Sánchez Falcón de quien no se sabe nada de lo que hace o deja de hacer pues ha preferido una actitud secretista. A cada uno en su momento se les invistió de autoridad como defensores de la república a título de “procuradores”, por supuesto, siempre dentro de la política de reparto de cargos entre los 4 partidos que dominan la escena en la Asamblea Nacional.

GASTÓ 50 MILLONES DE DÓLARES EN ABOGADOS SIN RESULTADOS
Al inmenso saldo deudor que dejó la política expropiatoria ahora se suma el que nos están dejando las actuaciones de los mencionados procuradores interinos quienes la han agravado pues de tantos litigios no han ganado ni uno solo, ni han hecho todo cuanto se ha podido hacer para ello, pero sí han dispuesto de millones de dólares en esa inútil defensa, millones que sin los debidos controles han repartido a manos llenas en bufetes norteamericanos escogidos a oscuras y a los que se han firmado contratos de honorarios que hacen sospechar de prácticas corruptas. En apenas 16 meses José Ignacio Hernández gastó 50 millones de dólares en abogados en procesos de muy corta duración pues todos están en etapa de ejecución de las sentencias dictadas por el CIADI que solo están detenidas por medidas dictadas por el gobierno norteamericano y que en cualquier momento pudieran dejar de renovarse.

Ver: https://efectococuyo.com/politica/defensa-de-activos-en-el-exterior-ha-costado-mas-de-50-millones-de-dolares-en-dos-anos/

NI SIQUIERA PUDO MONTAR UNA OFICINA PARA LA GESTIÓN
El 3 de junio 2020 se produjo una sesión de la Comisión de Petróleo y Energía de la AN para interpelar a José Ignacio Hernández para que rindiera cuenta de sus actos que ya estaban generando denuncias y serias preocupaciones inclusive dentro de la unidad de partidos que controlan al parlamento. Dicha interpelación puso al desnudo graves y delictivas irregularidades en el desempeño de sus funciones y pretendía que tales revelaciones se mantuvieran fuera del conocimiento público. En esa oportunidad J.I. Hernández, entre otras cosas reveló que en realidad no existía una oficina de su despacho. Un cargo de tanta relevancia y en el cual se invirtió tanto dinero no tenía un lugar para trabajar, una secretaria, un teléfono, un archivo, ¡nada! Semejante situación solo revela su increíble dejadez. Una persona investida de tan alta autoridad, que tiene que atender mas de 60 juicios internacionales donde están en juego miles de millones de dólares, que manejó sin control grandes sumas de dinero y que dio contratos a grandes firmas de abogados por mas de 50 millones de dólares no fue capaz de montar una oficina. Vaya ineptitud. Y para mayor asombro tal cosa la arguyó como defensa ante los reclamos que le hacían en una interpelación en la que precisamente le cuestionaban su mal desempeño.

“CARLOS VECCHIO ES QUIEN LLEVA LA DEFENSA JUDICIAL”
En aquella desafortunada comparecencia Hernández llegó a confesar que quien maneja los juicios es otra persona distinta a él, alguien a quien no se le han dado tales funciones, el embajador Carlos Vecchio, a quien así colocó en estado de usurpación de funciones. Textualmente afirmó: “…a todo evento, el embajador Vecchio es quien lleva la defensa judicial de la República, y lo asisten los abogados de la Procuraduría que han sido designados por comunicaciones en los casos en los que yo me he inhibido…”

LAS GRAVES REVELACIONES DEL PORTAL “EFECTO COCUYO”

Transcribo textualmente:

“Los costos asociados a la defensa de activos en el exterior, bajo control del Gobierno interino, sumaban 23.5 millones de dólares hasta octubre de 2020, según consta en una investigación que realizó Efecto Cocuyo.

Actualmente, los recursos dispuestos para el Fondo de Litigios ascienden a 50.8 millones de dólares con las aprobaciones mas recientes de la Comisión Delegada Legislativa.

En la sesión del 12 de enero, los integrantes de la Delegada autorizaron el desembolso de 18 millones 749 mil 681 dólares con 49 centavos para el pago de deudas adquiridas entre 2019 y 2020 con firmas de abogados que han representado al Estado venezolano “en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano”.

Adicionalmente, se destinó una partida de 1.053.052 de dólares para la defensa judicial y extrajudicial de activos de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Venezuela y 7.560.544 de dólares para el pago de deudas asociadas a la defensa judicial y extrajudicial de activos de Petróleos de Venezuela.
Estos últimos montos figuran en un Acuerdo que no fue sometido a votación durante la sesión y, por lo tanto, no fue aprobado por la Comisión Delegada. No queda claro si por error u omisión deliberada.

Oficialmente, los gastos del Fondo solo están publicados de manera parcial en el Informe de Gestión 2019 de la Procuraduría Especial y en el video de rendición de cuentas de la Junta ad-hoc del BCV, de agosto de 2020. No hay información pública sobre la ejecución de las nuevas asignaciones.

En el acuerdo que autoriza el pago de 18 millones de dólares, la comisión de Finanzas señala al procurador especial, José Ignacio Hernández, de haber cometido “errores procedimentales” en las contrataciones de las firmas de abogados que defienden los activos y contraer deudas legales con insuficiencia presupuestaria “en razón de la protección de un bien jurídico mayor, en este caso, los intereses patrimoniales de los venezolanos en el extranjero” y como consecuencia de la usurpación del Ejecutivo.
El artículo 61 de la Ley contra la Corrupción sanciona con prisión la realización de gastos o contratación de compromisos sin la previsión presupuestaria…”

Defensa de activos en el exterior ha costado más de 50 millones de dólares en dos años

EL TRUCO DE LOS CONTRATOS CON BUFETES QUE TRABAJARÍAN GRATIS
En el informe de su gestión del 2019 José Ignacio Hernández anotó que contrató bajo la modalidad pro-bono (trabajo gratis) a por lo menos 8 escritorios de abogados y un asesor jurídico para la defensa de los activos venezolanos en el exterior, además de “nuevas firmas para casos complejos”.

Esa mención no fue otra cosa que una justificación ante los reclamos que se produjeron en la Comisión de Finanzas de la A.N la cual llegó a determinar que las contrataciones de José Ignacio Hernández se hicieron sin tener un presupuesto asignado para ello y sin autorización del Parlamento contrariando el Estatuto para la Transición.

Resulta obvio que Hernández usó el truco de hacer aparecer tales contrataciones como gratuitas para obligar luego a incluirlas en las posteriores previsiones presupuestarias. En una amplia información que sobre el tema ha producido la periodista Maru Morales publicada en el portal “Parlamundi Venezuela” puede verse el detalle de las irregularidades imputadas a Hernández. Allí dice:

“¿Se conoce la administración detallada del Fondo de Litigios? ¿Hay alguna persona sancionada por la contratación abogados “sin disponibilidad presupuestaria y sin verificación de los requisitos jurídicos para ello” tal como lo señala el informe de la comisión de Finanzas? No y no. Hasta el momento no se ha presentado cuenta pública del Fondo de Litigios. Ni sus resultados operativos (juicios ganados/perdidos, activos recuperados/no recuperados) ni su balance financiero: no se sabe cuánto se le pagó a cuales escritorios jurídicos a lo largo de 2020.”

Guaidó no ha rendido cuentas de $104 millones que su gestión manejó en 2020 en dos fondos

…CONTINUARÁ

@carlosramirezl3




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