La noticia cayó como una bomba: “Mataron a Iván Márquez en Venezuela”. Es que el líder guerrillero cuyo nombre verdadero es (o era) Luciano Marín Arango, había sido beneficiado por los acuerdos de paz celebrados en el año 2016 entre el presidente Santos y la guerrilla FARC otorgándole una curul como senador, pero él la desistió por temor a que eso fuera un engaño para llevarlo a una cárcel marcado el destino de morir acribillado a balazos en un monte perdido y oscuro en una trifulca de bandoleros.
Sin embargo, esa disidencia no paralizó el proceso de paz que finalmente fue firmado apaciguando en gran parte esa tragedia bélica que tanta sangre, dolor y lágrimas le ha costado a Colombia. La más fuerte de las organizaciones guerrilleras -las FARC- a través de su jefatura denominada “Secretariado” suscribió el acuerdo en nombre de 13 mil combatientes comprometiéndose -entre otras cosas- a escuchar a sus víctimas de secuestro, confesar ante ellos esos crímenes y manifestar arrepentimiento en audiencia pública, y para llevar a cabo ese proceso fue creado un cuerpo judicial denominado Jurisdicción Especial de Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional que tiene la misión de investigar, juzgar y sancionar a los guerrilleros de las FARC y a miembros de la fuerza pública que hubieran cometido crímenes contra derechos humanos en el conflicto armado.
VER: https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
Como parte de esos acuerdos, en julio de 2018 la JEP abrió un primer caso en el cual identificó a 21.396 víctimas de secuestros y los días 21, 22 y 23 de junio del 2022 se celebraron las convenidas audiencias ante el tribunal de esa JEP en Bogotá donde la jefatura guerrillera denominada “El secretariado” compuesto por sus siete cabecillas Pablo Catatumbo, Rodrigo Londoño, Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, vieron y escucharon presencialmente los desgarradores testimonios de sus víctimas de secuestros a quienes tenían allí, en la misma sala del tribunal, muy cerca de ellos. Al final, conmovidos por aquellos testimonios, esos jefes guerrilleros expresaron sus arrepentimientos.
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, comandante en jefe de las FARC, después de escuchar los desgarradores testimonios se mostró tan compungido que dramáticamente se auto recriminó así:
“Venimos a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes lesa humanidad y crímenes de guerra yendo en contravía con los valores en los que estaba inspirada nuestra lucha”.
“Escuchando los relatos (de las víctimas) sentí repugnancia por nuestras acciones. ¿Cómo es posible defender como algo válido ante la humanidad la cosificación de las personas y convertirlas en mercancías para financiar un proyecto que reivindica la dignidad, cuando en realidad la estábamos pisoteando?”.
VER:
https://twitter.com/TimoComunes/status/1539276149129371648?s=20&t=_8lkPX1LWAbrAucOOSf0eg
Julio Gallo, otro de estos jefes guerrilleros dijo: “Entendemos el dolor que les causamos cuando los arrancamos violentamente de sus familias y círculo social, para internarlos en campamentos en la selva, manteniéndolos allí sometidos por medio de la fuerza, aislados del ambiente en el que hacían su vida normal” . El pastor Alape: “Venimos aquí a reconocer la crueldad que implicaba este grave crimen, porque significaba tomar como rehenes a todas las familias”. Y así, uno a uno expresaron arrepentimiento y pidieron el perdón de sus víctimas allí presentes.
“NOS CONVERTIMOS EN POETAS DEL DOLOR”
Durante tres días, las víctimas recitaron los efectos físicos y morales de los secuestros a los máximos responsables de su dolor. El primer día fueron los políticos, militares y policías secuestrados en un intento de conseguir un canje por guerrilleros presos. El segundo día, fueron los secuestrados con el objetivo de cobrar rescate. Y el último día llegaron los secuestrados para mantener el control social de los territorios donde operaban las FARC. “Nos convertimos en poetas del dolor por la ausencia de hijos, hermanos y esposos”, les dijo Gloria Narváez, cuyo hermano Juan Carlos fue uno de los once legisladores del estado del Valle del Cauca secuestrados en 2002 y asesinados cinco años después.
¿Puedes creer que, para no perder la cordura en medio del aislamiento forzoso, aleccioné a los árboles de la selva?, preguntó Óscar Tulio Lizcano, un congresista que estuvo ocho años en cautiverio y ahora termina una tesis doctoral sobre el perdón. ¿Sabías que, luego del secuestro del Capitán Elkin Rivas, mi familia tuvo que cerrar su negocio de zapatos?, cuestionó su hermana Edna. ¿Otros políticos impulsaron la idea de nuestro secuestro?, preguntó el cafetalero y exdiputado Orlando Beltrán.
¿Por qué usted, después de años de extorsión y el secuestro de mi padre, detonó una bomba contra su casa que hirió a una hija?, preguntó el comerciante Héctor Mahecha. ¿Te imaginas que la policía le congeló el sueldo a mi padre, el oficial Víctor Hugo, cuando lo capturaron?, preguntó Anyela Sierra. O que perdió su trabajo como maestro de escuela cuando lo secuestraron y luego vio su casa confiscada por un banco, indagó Éibar Meléndez.
LOS SECUESTRADOS ANTE LOS SECUESTRADORES
Una por una, las víctimas de las FARC les contaron los efectos de su cautiverio, desde rupturas familiares y niñez solitaria hasta bancarrotas financieras traumáticas. Entre ellos se encontraban políticos, policías, sindicalistas, empresarios y amas de casa de casi todas las regiones del país. Sobrevivientes del secuestro, esposas, padres, hijos y hermanos de los que no han regresado, defensores y críticos del acuerdo de paz en virtud del cual se habían reunido allí frente a frente.
El mayor César Lasso lamentó que su sueño de ver crecer a sus tres hijos, incluido uno nacido tras su secuestro, se vio frustrado durante 13 años. Sus lazos familiares se rompieron y la mayoría de sus integrantes no se hablan ahora tras el secuestro de su padre Juan Antonio, calculó Diva Cristina Díaz. Danilo Conta, un italiano que perdió su restaurante, les dijo que está “sobreviviendo, esperando morir”.
El policía Olmes Johan Duque, víctima de violencia sexual durante el cautiverio, les dijo que aún está en tratamiento psiquiátrico porque tiene pesadillas y llora. El coronel Raimundo Malagón -quien estuvo dos años atado por el cuello y los pies a dos árboles- reconoció el potencial catártico de la audiencia. “Se trata de nuestras historias aquí”, dijo.
“ESTA MALDITA POLÍTICA DE SECUESTRO”
Después de años de justificar públicamente el secuestro como arma de guerra, incluso mientras se negociaba la paz, los líderes guerrilleros finalmente aceptaron la gravedad no solo del secuestro, sino de los demás delitos que lo acompañaban, como la tortura, el asesinato o la violencia sexual. “Soy culpable, individualmente, de esta maldita política de secuestro, participé en la conferencia donde se aprobó”, dijo el actual senador Julián Gallo. Rodrigo Londoño habló de su “insensibilidad humana” y “salvajismo”, Pastor Alape del “manto de oscuridad” y “humillación” que impusieron a las víctimas. “Superamos todos los niveles de inhumanidad”, resumió Jaime Parra. Ahora los guerrilleros aceptaban que hubo episodios de violencia sexual durante los secuestros, algo a lo que se habían negado en el pasado. Admitieron que sometieron a personas a trabajos forzados, confesando las acusaciones en su contra, aunque, a pedido de la Procuraduría General de la República, el tribunal especial elevó legalmente este delito a la categoría de esclavitud.
Quizás lo más importante es que finalmente se refirieron al daño moral causado por el secuestro. Y sus admisiones validaron los hallazgos de la JEP, que tras cuatro años de investigación estableció el mayor universo conocido de víctimas de este delito, registró a 3.029 personas como partes en el caso, y detalló patrones que eran invisibles para la mayoría de los colombianos, como los secuestros destinados a asegurar el control territorial
EL DIEZ POR CIENTO QUE NUNCA VOLVIÓ
Aunque el imaginario colectivo en Colombia sobre el secuestro se ha asociado mayoritariamente a las jaulas de alambre de púas en la selva y a destacados políticos secuestrados, la audiencia de la JEP puso el dedo sobre otro drama invisible: los que nunca regresaron con sus familias.
“Les pido que se pongan en mi lugar y en el de todos los que buscamos a nuestros familiares. Quiero que entiendan la importancia de los detalles, de las cosas que les pueden parecer triviales, pero que para nosotros pueden ser el bálsamo que sana nuestras heridas”, imploró Daniela Arandia, quien tenía siete años cuando secuestraron a su padre Gerardo y estudiaba geología para seguir sus pasos. Le pidió a uno de los ex líderes guerrilleros, Milton Toncel, que la conectara con alguien que pudiera haber conocido a su padre para, en sus palabras, “seguir creando un recuerdo de él, permitirme conocerlo, permitir que mi niño interior de siete años de edad pueda sanar el vacío de no haber tenido padre”
A Yoleni Peña le molestó que supieran que su hermano policía, Luis Fernando, padecía una enfermedad mental pero aun así decidieron no dejarlo en libertad, y Augusto Hinojosa, cuyo hermano Ismel y su primo César están aún desaparecidos les dijo que su padre, quien murió hace dos años, nunca más volvió a sonreír.
Hay miles de familias como la de ellos. Al menos uno de cada diez de los secuestrados no regresó, según los hallazgos de la JEP: 627 fueron asesinados, en los casos en que sus familiares lograron recuperar sus restos, y 1860 continúan desaparecidos.
Pero algunas víctimas encontraron respuestas parciales ese día. Carmen Mirke, cuyo esposo Orlando Toledo fue secuestrado mientras trabajaba para una empresa contratista de la petrolera estatal Ecopetrol, luego de contarles las dificultades de ser padre y madre de tres adolescentes, denunció que miembros de las FARC le dijeron que Orlando se había escapado, cuando sabían que había sido asesinado. Rodrigo Londoño respondió que estaba seguro de que efectivamente un guardia lo había matado en 2005 tras un intento de fuga, que lo había escuchado en su radio interna. A pedido de la justicia, formalizó esto para que ahora Carmen pueda tramitar su acta de defunción.
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Para cerrar este artículo invocamos el recuerdo de la infamia de Hugo Chávez después continuada por Maduro de falsificar la verdad y proclamar la defensa de estos crímenes de la guerrilla colombiana como ocurrió en la oportunidad
“Las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos… que ocupan espacio en Colombia”, expresó Chávez durante un discurso que ofreció en la Asamblea Nacional y que fue difundido por cadena de radio y televisión.
Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3
