El candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 3 del estado Carabobo, apoyado por el partido UPP89, Ender Garzón Arráiz, sostuvo que la ONU debe investigar la violación sistemática de los derechos de las personas con discapacidad por parte del gobierno de Venezuela.
Este planteamiento lo hizo Garzón Arráiz luego que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución que insta a Venezuela a atender las denuncias sobre las violaciones de Derechos Humanos, delitos en los cuales, presuntamente, estarían involucrados altos funcionarios del ejecutivo nacional entre ellos el presidente Nicolás Maduro.
Expresó preocupación ya que si la ONU argumenta que existen motivos razonables para creer que en el país se han cometido crímenes de Lesa Humanidad evidenciados con las denuncias de asesinatos, encarcelamiento, torturas, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos, esa institución no debería ignorar las privaciones graves de la libertad física sufridas por personas con discapacidad durante las manifestaciones que se registraron en el estado Lara durante mayo de este año.
Insistió que esos casos no están documentados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, en el cual se sustentó el organismo internacional para condenar al gobierno nacional por las violaciones de DDHH.
Tal es la situación que padecióun joven de 26 años con síndrome de Down que protestaba en la localidad del Tocuyo por falta de agua, y quien fue detenido por más de 15 días acusándolo de instigación al odio, hasta que el tribunal que lleva la causa le concedió la libertad bajo régimen de presentación.
Refirió que además de este joven, también fueron privados de libertad un ciudadano invidente y una persona con problemas de movilidad, quienes manifestaban por el deterioro de los servicios públicos.
“Fueron detenidos y acusados violar la Ley contra el Odio, situación que les ocasionó grandes sufrimientos.Eso es un atentado grave contra la integridad física y la salud mental de esas personas”.
Asimismo, ratificó que en Venezuela se vulnera constantemente los derechos de la población con discapacidad, la cual es segregada del sistema educativo, no se les garantiza el derecho al trabajo, ni se desarrollan políticas públicas dirigidas a facilitar un acceso integrador a la asistencia médica que incluya servicios terapéuticos, de rehabilitación y de habilitación.
Advierte que ante la inexistencia de mecanismos independientes en el país que detecten estos problemas, insta a la ONU establecer un plan de acción nacional dirigido a investigar y consultar a las organizaciones representativas de personas con discapacidad para canalizar las denuncias de las violaciones de los DDHH de este sector.
“Es urgente modificar la Ley de Protección de Personas con Discapacidad. Hay que derogar esa normativa que es letra muerta, y solo sirve para que en Venezuela la discapacidad siga estando en una situación de exclusión permanente y estructural”, puntualizó.
Nota de Prensa
