El dirigente político Antonio Ledezma envió una comunicación al director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, para que intervenga ante la violación de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores de las alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, cuyos despachos fueron eliminados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la semana pasada, dejando en un limbo jurídico a seis mil empleados.
Desde España, donde permanece exiliado, Ledezma le comunicó al directivo de la OIT que en su carácter de alcalde legítimo del Área Metropolitana de Caracas, cargo para el cual fue reelecto el 8 de diciembre de 2013, el gobierno «socialista y revolucionario» ha perpetrado una serie de irregularidades contra su gestión y sus trabajadores, entre ellos el desate de una ola de invasiones y expropiaciones de inmuebles adjudicados al patrimonio de la alcaldía mayor, incluido el despacho oficial de su titular. Igualmente se arrebataron competencias y recursos financieros en más del 95% del presupuesto original.
«Para defender los derechos de los ciudadanos y trabajadores nos vimos compelidos a realizar una huelga de hambre en las instalaciones de la OEA en Caracas y denunciar dicha irregularidad ante diferentes organismos internacionales. La persecución del régimen no cesó hasta someterme a prisión por más de mil días».
En el escrito, el presidente del partido Alianza Al Bravo Pueblo objetó el atropello reciente con la eliminación de dicha Alcaldía caraqueña y de igual manera la del Alto Apure de forma inconstitucional por un ente de origen fraudulento como es la Asamblea Nacional Constituyente que violó la Carta Magna venezolana y un conjunto de leyes vigentes.
Sostuvo Ledezma que la liquidación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la del Alto Apure, supone una abierta infracción de las obligaciones a cargo de los empleadores, establecidas en el Convenio 158 y la Recomendación 166, ambos textos aprobados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo.
El dirigente político resaltó que la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cumplía funciones de servicio público, que de manera insoslayable tendrán que ser asumidas por otro ente público, cualquiera que sea su nombre. «En tales circunstancias, la sustitución de un ente del Estado por otro ente, también del Estado, no tiene que suponer la cesantía de los trabajadores. Por el contrario razones de estabilidad laboral y de experiencia en el desempeño de tales funciones, más bien, aconsejaban que los trabajadores objeto de liquidación sean absorbidos por el ente que lo reemplace».
Ledezma consideró que proceder en sentido contrario seria desconocer el razonamiento cardinal de la OIT en el sentido que todo despido debe obedecer al principio básico según el cual no se podrá dar término a la relación de trabajo a menos que exista causa justificada. En este caso, además de haberle puesto término a las citadas relaciones de trabajo de manera «masiva» sin mediar infracción de los empleados a sus obligaciones ordinarias se les ha privado del debido «pronunciamiento previo», del «recurso contra la terminación de la relación de trabajo» así como la consulta a los representantes de los trabajadores.
La eliminación de las Alcaldías Metropolitanas constituyen un despido masivo de carácter arbitrario lo cual justifica la intervención inmediata de la Organización Internacional del Trabajo, afirmó Ledezma.
